Las reformas a la Ley de Inmigración de Estados Unidos han sido planteadas por el presidente Obama y muchas de las razones por las cuales es imprescindible realizarlas ya están sobre el tapete. No obstante, ni él ni el Partido Demócrata han hecho los esfuerzos necesarios por lograr una reforma humanitaria integral. Para Obama, por haber sido promesa importante en sus dos campañas para la presidencia, cualquier reforma es válida, siempre que se cambie la obsoleta ley anterior.

Los demócratas, siempre obsesionados con lo que  puedan pensar los republicanos, apenas se animan a apoyar unos cambios tímidos, cediendo mucho terreno a la línea dura de los conservadores. Tenemos, entonces, una batalla cuesta arriba, en la cual se alcanzarán ciertos frutos solamente con nuestra unidad, nuestra determinación y nuestras acciones junto a otros muchos inmigrantes y latinos. Para aprobarse la reforma a la Ley de Inmigración, el Senado ha de aprobar un proyecto, la Cámara de Representantes debe aprobar su propio proyecto y, luego, hay que hacer una negociación entre los dos. El documento que salga de la negociación, la nueva ley, debe pasar luego al Presidente de la República para que lo ratifique. En caso de que lo vete, vuelve al Congreso, el cual puede superar el veto con una mayoría calificada.

Nos encontramos, apenas, en la fase inicial del proceso, ya que solamente el Senado ha hecho algo. Este aprobó las reformas a la Ley de Inmigración y emitió el documento S.744, el 27 de junio de 2013, con una votación de 68 a favor y 32 en contra. Esto significó que 14 senadores republicanos votarán junto con los demócratas para aprobar la propuesta (1,200 páginas) presentada por el “Grupo de los Ocho”, formado por cuatro demócratas y cuatro republicanos. Este compromiso entre los dos partidos hizo que las medidas no fuesen del todo favorables a los inmigrantes; pero, al menos, se abrieron algunos caminos para la inmigración futura y la regularización de los inmigrantes indocumentados. Presionados por la derecha de Estados Unidos, la reforma hace énfasis en la seguridad fronteriza en el Sur (es decir, la frontera con México, y no en la muchísimo más amplia frontera con Canadá), si bien nadie ha presentado pruebas de que inmigrantes en el Sur sean un riesgo en términos de amenaza. Los legisladores interpretan que su seguridad está vulnerada simplemente por la presencia de trabajadores sin visa. En esencia, es un acto de discriminación para personas que no son “bien vistas” (morenos, de poca estatura, hispanoparlantes y con una cultura distinta). Antes de que un RPI (Inmigrante Provisional Registrado), la categoría por inventar, pueda recibir una residencia permanente, TODAS las condiciones de seguridad se deberán haber cumplido: estrategia para la frontera sur; 38,400 miembros en las patrullas fronterizas (militarización); terminar el muro en la frontera mexicana; verificación de estatus migratorio para todos los trabajadores; y control electrónico en todos los puntos de entrada. Como mínimo una espera de cinco años. Los indocumentados que hayan llegado al país antes del 31 de diciembre de 2011, podrían acceder a un estatus de RPI. Con esto podrían tener un permiso de trabajo y viajar al extranjero. Tras 10 años de espera podrían acceder a su residencia permanente y tres años después a su ciudadanía. Pese a los casi 20 años para llegar a la ciudadanía, ésta es la “cara buena” de la reforma. La “cara mala” vendrá de la Cámara, en donde reina la discordia (se han roto las negociaciones internas) y de donde, quizás, ni siquiera haya propuesta, haciendo que este país siga con su ley atrabiliaria de inmigración y sus políticas inhumanas, como la de deportar a cientos de miles, quitar derechos a niños y jóvenes y llenar cárceles con inmigrantes por todo el país. Ampliaré más en próximos artículos.