No cabe la menor duda de que la lucha contra la corrupción y la impunidad es una tarea difícil y cada vez más cuesta arriba, como se ha podido ver con la resolución judicial de trasladar el caso penal por los malos manejos en la construcción de la cárcel Fraijanes II al campo civil, lo que significa que a juicio del juzgador no existe delito que perseguir. De nada sirven los aportes tanto del Ministerio Público como de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, porque un juez decide restar valor probatorio a las investigaciones y allí se acaba la historia.
El caso debió llegar a las últimas instancias para que tanto en el juzgado de sentencia como en Sala de Apelaciones, se pudiera valorar la prueba de manera eficiente y así determinar la culpabilidad o inocencia de los funcionarios que pudieron cometer algún ilícito para enriquecerse de manera personal con el negocio. Años enteros dedicados a buscar pistas, a probar las relaciones entre funcionarios y los proveedores para asegurar que se está luchando contra la impunidad y contra la corrupción, tirados a la borda por una decisión judicial que resulta, por lo menos, altamente dudosa.
Desafortunadamente hemos visto tanto muerto acarrear basura que no puede uno tener confianza en el sistema judicial donde privan intereses muy marcados de los poderes paralelos que se han enquistado en la estructura del Estado para ponerla de manera absoluta al servicio de la corrupción. Para infortunio de los guatemaltecos no se puede confiar en que los procesos que tienen que ver con poderosas mafias salgan resueltos sin contaminación, porque se sabe que esos grupos de crimen organizado, entre los que hay de cuello blanco, tienen influencia enorme en las diferentes instancias judiciales porque se han ocupado de cooptar el sistema mediante el control de las famosas comisiones de postulación y tienden sus tentáculos hasta los juzgados de instancia donde empieza el acomodo de las pelotas.
No se puede pretender que una simple acusación sea suficiente para lograr la condena, pero cuando públicamente se ventilan tantas pruebas y luego se resuelve en forma inexplicable, por supuesto que el olor a podredumbre tiene que surgir y las dudas se vuelven tremendas.
No podemos olvidar que la corrupción en nuestro país, con todo y lo descarados que son los que la ejercitan, se ha sofisticado mucho y los pícaros saben cómo hacer para eliminar las huellas, borrar las pistas y cualquier vestigio de su podredumbre, lo que hace más difícil judicializar los casos. Avances hay, como se ve con los socios de los bancos que se robaron el dinero de sus clientes, pero evidentemente todavía falta mucho por hacer.
Minutero:
La prisión sigue reservada
para el ladrón de gallinas;
no se hicieron bartolinas
para gente adinerada