Es violencia la exclusión y marginación que se ejerce en contra de la población femenina al asignarle tareas sociales diferenciadas respecto a los hombres y al otorgarle salarios más bajos por las mismas actividades productivas. Pero lo es mucho más cuando se ejerce el control de tal manera que la apreciación del cuerpo de la mujer como objeto y propiedad en función de los hombres, es llevada a lí­mites extremos como el asesinato.

Fuentes de inspiración sobran para este flagelo social, pero basta con una sola: la represión histórica del Estado en contra de la población para, a través del terror, garantizar su sojuzgamiento y obediencia.

La investigadora Victoria Sanford nos invita a buscar las raí­ces más próximas del feminicidio en Guatemala en nuestro pasado más inmediato, en la polí­tica contrainsurgente implementada por el Estado guatemalteco en contra de la población durante los gobiernos militares.

Las fuerzas represivas del Estado intentaron someter a la población a través de la violencia y tomaron los cuerpos de las mujeres como hojas en blanco en donde escribieron su mensaje. La humillación, la tortura, la violación sexual y el asesinato, fueron las palabras de este discurso sádico dirigido como una muestra de los alcances de la dominación.

Ahora, a casi trece años de la firma de los Acuerdos de Paz, cuando ningún alto mando militar ha sido procesado judicialmente por las masacres perpetradas contra comunidades enteras y contra los cuerpos de las mujeres, el discurso de la violencia vuelve a tomar espacio en los cuerpos de la población femenina.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios de Guatemala (CEG), al 31 de octubre se contabilizó un total de 5,432 muertes violentas en lo que va del año, de éstas, 602 son mujeres, 436 niños y niñas y jóvenes, que representan más del 55% del total de muertes violentas. La proyección de muertes para 2009 es de 6,500 asesinatos, lo que superarí­a el año más violento de los últimos 20, que fue el 2008.

Si bien es cierto que los asesinatos contra hombres representan una cifra mucho más alta que los crí­menes contra las mujeres, es imprescindible apuntar que muchas de las mujeres que han sido asesinadas presentan señales de tortura en el cuerpo.

Además, el Estado, a través de las instituciones de investigación y de administración de justicia, se ha mostrado incapaz de esclarecer estos delitos, con lo que asegura la impunidad para los asesinos de mujeres al igual que lo hace con los genocidas.

En su investigación, el CEG señala que en el año 2008, 42,141 mujeres interpusieron denuncia por violencia intrafamiliar, 2,212 casos por violación y 1,009 fueron lesionadas; sin embargo, el nivel de impunidad sobre estos delitos supera el 97%. Por eso hablamos de feminicidio, porque el Estado, que legitima al sistema patriarcal, se basa en la negación de justicia para sus ví­ctimas para poder sostenerse y, con ello, se vuelve responsable de estos crí­menes.

Y no sólo con eso, el sistema que se ha construido como consecuencia de la violencia, que la genera y la legitima, condena a la ví­ctima y ensalza al opresor. ¿Qué se piensa, por ejemplo, de los campesinos que ocupan las tierras que les fueron arrebatadas por el finquero? ¿Qué opinamos sobre los sindicalistas que exigen un mejor salario por la explotación de la fuerza de su trabajo? ¿Qué pensamos de las mujeres que dí­a a dí­a son asesinadas con saña? ¿Prostitutas, ladronas, infieles, traidoras…? Probablemente no contribuimos con el asesinato de mujeres pero con nuestras posturas, ¿cómo legitimamos el discurso del sistema patriarcal que se escribe en los cuerpos de las mujeres?