El coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), Daniel Pascual, aseguró que la entidad tiene presencia dirigencial en al menos 80 comunidades donde se registra conflictividad social por oposición de pobladores a las operaciones de hidroeléctricas y mineras, pues dice que brindan apoyo en organización, asesoría jurídica, propaganda y logística.

Pascual indicó que otros motivos para apoyar la protesta campesina e indígenas son los desalojos y demás hechos de violencia contra los grupos considerados vulnerables.

Al ser consultado sobre el respaldo de comunitarios que se oponen a los proyectos de extracción o de generación de energía y que luego necesitan de organizaciones como el CUC para vivir, el dirigente aclaró que no son una empresa privada para dar a las personas todo lo que necesitan, pero si les ayudan y enseñan a exigir sus derechos.

“No somos ninguna empresa ni el Gobierno para tener todo lo que las comunidades necesitan. Lo que hacemos es enseñarle a la gente a exigir sus derechos. El CUC no es que tenga dinero para dar soluciones, sino que le enseña a la gente a exigir sus derechos”, expuso.

Finalmente, calificó como «estúpidos», los señalamientos de autoridades de Gobierno y de algunos sectores de la sociedad civil, que aseguran que organizaciones como el CUC, reciben financiamiento internacional y es por ello que podrían estar motivando confrontación.

Recientemente el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla advirtió que expulsará a los extranjeros que interfieran en asuntos internos, tras denunciar que activistas internacionales estarían detrás de los violentos disturbios registrados hace unas semanas en el noreste del país, que dejó como saldo, un soldado fallecido.

Al respecto, el dirigente campesino agregó: “Más bien se está amenazando a extranjeros que supuestamente apoyan a las comunidades. Pero no se dice nada de las empresas que compran voluntades, abusan de las leyes y pagan a guardias de seguridad para matar a la población campesina e indígena”.