Los cubanos podrán comprar y vender sus viviendas o realizar la transferencia de sus propiedades sin tener que contar con autorización estatal a partir del 10 de noviembre, aunque deberán pagar un impuesto.
La Gaceta Oficial de la isla difundió hoy los detalles de un conjunto de leyes –en especial una marco firmada por el presidente Raúl Castro– y normas que regulan la transmisión de bienes raíces, unas horas después de que el periódico Granma lo anunciara.
Los cubanos que residan en el país y los extranjeros con estancia permanente podrán ser propietarios de una vivienda para habitar y otra de descanso en el campo o la playa.
Las normas «reconocen la compraventa, permuta, donación y adjudicación –por divorcio, fallecimiento o salida definitiva del país del propietario– de viviendas entre personas naturales cubanas con domicilio en el país y extranjeros residentes permanentes en la isla», explicó Granma.
La medida contribuirá «a un reacomodo voluntario de los espacios habitables entre las personas», agregó Granma, mientras las normas publicadas en la Gaceta Oficial hicieron énfasis en la necesidad de eliminar «limitaciones en los actos de transmisión… a los efectos de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los propietarios».
En las calles las medidas fueron bien vistas por la población.
«Pienso que es una ley que tiende a favorecer a la mayoría de los cubanos que en un momento determinado piensan transferir esas viviendas a otras personas o allegados», dijo a la AP Oscar Palacios, un empleado de mantenimiento que escuchó la noticia leída por la radio.
Según las nuevas leyes las operaciones estarán sujetas a un impuesto de 8% del valor declarado de la vivienda, un 4% pagadero por el comprador y la otra mitad por el vendedor.
Cuando se produzca una permuta también se abonará una tasa de 4% sobre cada uno de los inmuebles en juego.
También deberán pagar impuestos quienes reciban la transmisión de viviendas por parte del Estado, por ejemplo cuando el antiguo propietario salga del país y ésta sea reclamada por parientes o convivientes –en este caso con al menos cinco años de residencia legal– o en caso de fallecimiento de éste.
Durante décadas los cubanos enfrentaron prohibiciones en torno a la compraventa de viviendas y debían sortear muchos trámites burocráticos para disponer legalmente de sus bienes raíces incluso en caso de las permutas, la forma más usual de legalizar operaciones inmobiliarias.
Las nuevas leyes incluso reconocen las permutas con compensación, o sea una legalización de lo que sucede actualmente cuando una persona entrega una propiedad grande y recibe otra pequeña con una diferencia monetaria.
En caso de que medie dinero en las operaciones no se usará efectivo, sino que el pago se realizará con un cheque previamente emitido de un banco en el cual el adquirente pondrá el dinero a favor del vendedor.
Además se elimina el requisito de conseguir unas autorizaciones de la Dirección Municipal de la Vivienda, pero se deberá inscribir el inmueble en el Registro de Propiedad.
Para formalizar la transmisión de las casas solo será necesario un acta notarial.
La norma similar correspondiente a los vehículos entró en vigor a comienzos de octubre de 2011.
La medida forma parte de un paquete puesto en marcha por Castro a finales de 2010 para actualizar el modelo cubano, flexibilizar el trabajo independiente del Estado y levantar trabas que tenían los cubanos en su vida diaria o para algunas operaciones comerciales.
Sin embargo, el gobierno aseguró que no se perdería el carácter esencialmente socialista del modelo y el respaldo del Estado sobre todo a los sectores más vulnerables.
El mercado abierto de bienes raíces estaba prohibido desde el triunfo de la revolución, cuando el líder rebelde Fidel Castro impulsó una reforma urbana y entregó las viviendas a quienes residían en ellas.
La Oficina Nacional de Estadísticas reportó para 2010 que se habían concluido 33.900 viviendas. El 63% edificadas mediante aportes del Estado y el resto con esfuerzo de la población.
La construcción de casas cayó a pique desde 2006, cuando se reportó la edificación de unas 110.000 viviendas.
Según un reporte gubernamental, a mediados de la pasada década había un déficit de unas 500.000 viviendas y un fondo habitacional deteriorado por la falta de mantenimiento, el clima tropical y los ciclones.
Un informe del censo de población realizado en 2002 indicó que 11,1 millones de cubanos vivían de forma permanente en el país en 3,5 millones de unidades de alojamiento con un promedio de 3,16 personas por cada una de ellas.