Cuba comenzará un programa de subsidios a la edificación y reparación de casas destinado a particulares, un intento del gobierno para salir adelante en el crítico problema habitacional desligando al Estado de su papel actual de principal constructor.
La Gaceta Oficial publicó el miércoles la serie de medidas que entrarán en vigor el 15 de enero.
El programa establece que se entregará dinero para que las personas con dificultades económicas y con viviendas vulnerables puedan arreglar o levantar sus propios hogares sin esperar las asignaciones del Estado.
El máximo a subsidiar será de 80.000 pesos cubanos, el equivalente a unos 3.300 dólares, «que se corresponde con una vivienda de veinticinco metros cuadrados de superficie útil como máximo», indicó el reglamento aprobado por el gobierno.
La prioridad la tendrán las familias que sufrieron pérdidas por desastre naturales como ciclones o inundaciones y los llamados «casos sociales críticos» (personas albergadas, con discapacidades o viviendo en ciudadelas sobrepobladas, entre otros).
En todos los casos se deberá demostrar la falta de solvencia económica para enfrentar los gastos de una construcción y el dinero será depositado en una cuenta bancaria para que sea usado por el particular.
«Otorgado el subsidio, el beneficiario se obliga mediante contrato, a la ejecución o reparación de la vivienda y demás particulares con arreglo a lo pactado», expresó la normativa gubernamental.
Un artículo sobre el tema publicado el miércoles por Granma indicó que las medidas forman parte de la iniciativa del presidente Raúl Castro de actualizar el modelo de la isla, poniendo énfasis en la racionalidad pero sin que se desproteja a los sectores más vulnerables.
«Constituye un nuevo paso en… eliminar las gratuidades indebidas y los subsidios excesivos, bajo el principio de compensar a las personas necesitadas y no subsidiar productos de manera general», indicó Granma.
El propio mandatario reconoció que la economía cubana estaba en crisis y el Estado no podía hacer frente a los subsidios indiscriminados que permitía incluso a muchos vivir sin trabajar o los bajos niveles de productividad.
El tema de la vivienda es uno de los más sensibles en la isla, donde a mediados de la pasada década –la última cifra disponible– había un déficit habitacional de medio millón de unidades, una situación agravada por el paso de ciclones. En muchos hogares hay a varias generaciones de una familia y otros tienen que ser colocadas en albergues.
Según la Oficina Nacional de Estadística, en 2010 se construyeron unas 33.000 viviendas, de la cuales unas 21.000 habían sido realizadas por el Estado y unas 12.000 por particulares.
A finales del 2011 el gobierno autorizó también por primera vez en 50 años la compra venta de casas entre particulares sin intervención del Estado. Semanas después una normativa bancaria permitió las hipotecas.
De todas maneras las leyes pusieron mucho cuidado en indicar que las personas podían tener dos viviendas –una sola en la ciudad y otra para descanso en zona no urbana como playa o campo–, para evitar la especulación con las propiedades.