Tras medio siglo bajo liderazgo unipersonal de Fidel Castro, Cuba reacomodó esta semana la cúpula del poder para garantizar la continuidad de la revolución, urgida por demandas de cambios y el inevitable relevo de su dirigencia histórica.

Sin previo anuncio público, el lunes tuvo lugar un trascendental pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC), cuyos acuerdos pusieron fin a la «provisionalidad» del gobierno, desde que Fidel enfermó en julio de 2006 hasta que Raúl Castro fue investido presidente el pasado 24 de febrero.

Fue un hecho que trascendió lo simbólico. Raúl, de 76 años y plenamente posicionado en su cargo, delineó una nueva estructura en la dirigencia y fijó el horizonte al convocar el Congreso del PCC para redefinir el rumbo de la revolución, pero siempre bajo el socialismo.

Para afianzar un gobierno colegiado en manos del PCC, anunció que él y los seis vicepresidentes integrarán un equipo -distinto al que creó Fidel para el interinato- en el influyente Buró Polí­tico del PCC, que agilizará la toma de decisiones. Será la cúpula de la cúpula.

Fidel, de 81 años y quien conserva su cargo de primer secretario del Partido, no figura en ese núcleo. Raúl recordó el propósito de su hermano de ser «sólo un soldado de las ideas».

También tres veteranos dirigentes ascendieron al Buró Polí­tico, todos miembros del Ejecutivo: el comandante Ramiro Valdés, de 75 años, ex ministro del Interior y titular del de Comunicaciones, el general ílvaro López Miera (64), y el lí­der sindical Salvador Valdés (62).

Reforzar el papel del Partido permitirá «la continuidad de la revolución cuando ya no estén sus dirigentes históricos», sentenció Raúl.

A tono con ello, convocó para 2009 al Congreso del PCC -el primero en doce años-, vital porque consagrarí­a reformas ya iniciadas y definirí­a un modelo «propio» que seguirí­a la revolución.

«Con Fidel el Partido nunca se desarrolló plenamente. No le gustaban las instituciones. Su estilo de liderazgo fue personal», escribió Jaime Suchlicki, quien dirige el Centro de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami.

Pero «con su hermano fuera de escena», Raúl da peso al PCC, junto con las Fuerzas Armadas, «para aumentar la productividad económica y la eficiencia», lo que espera le dé unos años de estabilidad y asegurar la continuidad de la revolución cuando él ya no esté», agregó.

Raúl también planea reestructurar el gabinete con la fusión o eliminación de ministerios. En un primer paso, el lunes designó a José Ramón Fernández (84) como «superministro» de Educación, sector emblemático de la revolución y blanco de crí­ticas en los últimos meses.

«Al tiempo que hace algunas reformas o cambios paulatinos que le exigen los cubanos, se rodea de sus fieles e intenta solidificar su poder con la vieja guardia para que las cosas no se le vayan de las manos», opinó Uva de Aragón, del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

En dos meses de presidente, Raúl emprendió una reforma agrí­cola para elevar la producción de alimentos, de «máxima seguridad nacional», y eliminó prohibiciones que irritaban a los cubanos, permitiéndoles el acceso a hoteles, compra de computadores, DVD y microondas y contratar telefoní­a celular.

«Se ha comprado tiempo», comentó un analista cubano, de 60 años, que prefirió no identificarse.

Medidas más drásticas, como la eliminación de la doble moneda, y una mayor apertura a la inversión extranjera o la iniciativa privada, llevarán tiempo de estudio. La Casa Blanca califica de «cosmético» lo hecho hasta ahora.

Las demandas de apertura de la población giran en torno a su vida cotidiana, el problema del transporte, la alimentación, la vivienda y el costo de la vida, fundamentalmente.

Por el momento no se vislumbra cambio polí­tico, lo que no significa que no haya gestos en el plano de derechos humanos, siempre en la lista de reclamos de la comunidad internacional.

Positivo aunque insuficiente, según la oposición, en febrero Cuba firmó dos pactos internacionales de derechos humanos y el lunes el propio Raúl anunció la conmutación de penas a un grupo de condenados a muerte.