La decisión «supone profundos estudios teóricos y pruebas de campo para determinar el comportamiento de cada estándar de transmisión en las condiciones propias», según Enrique Santana, asesor del Ministerio de Informática y Comunicaciones, y Armando Pujols, del Instituto de Radio y Televisión (ICRT).
Pero implica además «una ardua negociación en aras de evitar que en la introducción de esta tecnología el país se vea afectado también por las leyes del injusto bloqueo que le ha impuesto Estados Unidos», destacaron los funcionarios, citados por el diario Juventud Rebelde.
Santana y Pujols forman parte de una comisión nacional encargada del estudio, que durante varios días analizó en La Habana con empresarios extranjeros las normas europea, china y japonesa con variante brasileña.
Sobre la norma norteamericana, Pujols dijo que «desgraciadamente solo la pudimos estudiar de forma teórica, pues a pesar de haber contactado varias veces con los proveedores del equipamiento, nunca tuvimos una respuesta clara, ya que pesan sobre ellos las regulaciones impuestas por el absurdo bloqueo norteamericano».
Cuba se propone un proceso de 15 años para la implantación gradual de la televisión digital, pues toda la inversión está a cargo del Estado en un país donde no existen cadenas privadas ni publicidad comercial, según los funcionarios.
La adopción de la norma, una decisión del Gobierno, depende también «de la posibilidad de transferencia tecnológica para fabricar nosotros parte del equipamiento, de que se nos brinde capacitación, e incluso de las patentes que están detrás de cada una», dijo Santana.
El embargo, vigente desde 1962, prohíbe, además del comercio, las transacciones bancarias y otros tipos de intercambio, y la adquisición de tecnología de un tercer país con componente estadounidense.