En forma gradual, aunque lentamente, en Guatemala las mujeres están logrando conquistar espacios en la administración pública, de suerte que cuatro personas del sexo femenino dirigen similar número de importantes instituciones del Estado, al margen de diputadas, académicas, empresarias y activistas sociales destacadas.
Hasta hace pocos años parecía inconcebible que fueran mujeres las que estuvieran al frente del Instituto de la Defensa Pública Penal, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas y la Fiscalía General de la República, mencionadas en orden de precedencia en sus cargos.
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De la abogada Blanca Aída Stalling se dijeron horrores durante el año y pico que estuvo interinamente al frente del IDPP, después de haber ejercido a título oficial esa misma plaza, y su reciente reelección no fue bien acogida por algunos grupos de la sociedad civil; pero el colega Fernando Mollinedo acaba de publicar una columna en La Hora en la que presentó sucintamente el historial y los logros alcanzados por esa funcionaria, que opaca las ácidas críticas vertidas en su contra.
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La también abogada María Eugenia Villagrán encabeza el grupo de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que han tenido que hacerle frente a los caprichos y abusos de dirigentes políticos al adelantarse en sus campañas de proselitismo electoral. Quizá la mancha más notoria en la corta trayectoria de la señora Villagrán en el TSE fue haber intentado participar en calidad de observadora en el espurio proceso electoral de Honduras, después del golpe de Estado que depuso al legítimo presidente Manuel Zelaya; pero ahora ha dado muestras de que persigue que el Tribunal que preside pueda proceder con imparcialidad y eficiencia en las próximas elecciones generales, pese a los obstáculos financieros que encara.
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No fue fácil para la auditora Nora Segura recorrer el camino que la condujo a ser elegida Contralora General de Cuentas, porque desde el principio tuvo que enfrentar los señalamientos que se le hicieron en cuanto a su afinidad con el ex contralor Carlos Mencos, quien no salió por la puerta ancha, precisamente. Sean ciertos o no esos supuestos vínculos con su antecesor, de hoy en adelante le corresponde a ella demostrar que es lo suficientemente íntegra y capaz para realizar un trabajo límpido en la fiscalización de las instituciones del Estado, para contribuir a eliminar la corrupción.
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Sin tacha alguna y con la aprobación unánime de todos los sectores de la sociedad, la doctora Claudia Paz y Paz es la que más expectativas despierta, por su gestión al frente del MP. Su trayectoria académica y su experiencia profesional derivan en sólidos argumentos para confiar en que la nueva Fiscal General responderá al clamor de la población, para combatir al crimen y hacer todos los esfuerzos para detener la impunidad prevaleciente. Se espera mucho de esta competente penalista.
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(Mi amigo Romualdo Tishudo y yo condenamos el cobarde asesinato cometido contra la joven socióloga Emilia Quan, otra mujer que comenzaba a brillar, cuyo crimen no debe quedar impune).
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