Pese a que es un problema que se incrementa, resulta complicado identificar la cantidad de bandas de sicariato que operan en el paí­s; sin embargo, es preocupante, porque éstas pueden acabar con la vida de una persona hasta por Q50.

De acuerdo con la División de Investigación Criminal (Dinc), dichas bandas operan en la total impunidad, aunque algunas se presentan de forma oficial, tal es el caso de Los íngeles Justicieros, en La Terminal de la zona 4.

Pese a que cuatro de los supuestos lí­deres de ese grupo fueron aprehendidos en diciembre pasado, por cometer 44 muertes en los últimos dieciocho meses, la problemática no cesa, es recurrente que asesinen a personas sindicadas de robar o extorsionar.

La Fiscalí­a de Delitos contra la Vida realizó varios operativos en diferentes zonas. Durante la fecha referida, la unidad destacó que los aprehendidos se encargaban de matar a los «ladrones del lugar», pero, posteriormente extorsionaban a los comerciantes de la zona.

Un investigador de la Dinc refiere que aunque existen dichas estructuras, también hay quienes operan de forma individual, éstos «matan por encargo».

«El precio por la vida de un ser humano puede valer de Q50 en adelante. Hay quienes lo hacen por una mí­nima cantidad de dinero, están tan acostumbrados que no lo piensan dos veces», añadió.

Sin embargo, esta no es la única forma de operar de las bandas del sicariato, ya que la Policí­a Nacional Civil (PNC) también ha identificado a pandillas que asesinan a pilotos, entres éstas se pueden mencionar las células de la Mara 18 y Salvatrucha, quienes cuentan con grandes estructuras.

Marlene Blanco Lapola, directora de la PNC, dijo recientemente que con la captura de Ví­ctor Hugo Girón Zúñiga, alias «el Conejo» y máximo lí­der de una célula de la Mara Salvatrucha en la zona 18, se desarticuló una estructura criminal que se dedicaba al sicariato desde hace dos años.

La funcionaria dijo que la banda liderada por «el Conejo» estaba integrada por dieciocho miembros, quienes se dedicaban a asesinar a pilotos y ayudantes del transporte público a sangre frí­a.

La Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH) ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por estos homicidios, que se realizan por dinero, por una venganza, o simplemente por la desesperación de la población por no encontrar eco en sus demandas de seguridad, quienes acuden a prácticas violentas.

Según la PDH, en estos casos también se pueden mencionar los linchamientos perpetrados por grupos armados que atentan contra las vidas humanas, sin remordimiento alguno. Pese a ello, reconoce que estos hechos se suscitan por la falta de polí­ticas de seguridad que hacen que la población tome la justicia por sus propias manos, cuando se encuentran ante la frustración de no poder controlar la delincuencia y la violencia que hasta la fecha representa un reto para las autoridades de seguridad.