El accidente ayer en las garitas de peaje en la Autopista Palín-Escuintla corrobora las afirmaciones en el sentido del grave peligro que supone la ubicación de las mismas y la absoluta necesidad de tomar medidas para preservar la vida humana. Es inconcebible que con tantos choques ocurridos justamente en las mismas garitas, cuando los conductores se detienen para hacer el pago, la empresa que administra la autopista no haya tomado medidas.
La verdad es que si la empresa no actúa para corregir el problema, el Gobierno debe forzarla a que lo haga porque no se puede tolerar más esa incapacidad que al final de cuentas resulta criminal por el riesgo que se impone a los que transitan por esa vía. Un caso podría considerarse como accidental, pero cuando se repiten una y otra vez los mismos choques, no puede pensarse en fuerza mayor o caso fortuito, sino en un error grave de diseño que es causante de las colisiones que han sido generalmente con saldo de muerte.
Creemos que en Guatemala se tiene que empezar a aplicar la ley penal y civil en contra de las empresas que se pasan por el arco del triunfo su responsabilidad. Los constructores y administradores de la autopista debieran ser llevados a juicio por los deudos de las personas fallecidas en esos choques porque, repetimos, no se trata de hechos accidentales sino provocados por la torpe forma en que fue diseñada la ubicación de las garitas de peaje. Y es que como lo que fue determinante en ese asunto fue el compromiso de no afectar a la industria azucarera, ese fue el único factor determinante a la hora de decidir dónde ubicar las casetas de cobro. Con tal de no afectar a los cañeros, se construyeron al final de la pronunciada pendiente antes de llegar a Escuintla, lo que hace más dolosa aún la situación porque por favorecer a un sector económico se está jugando con la vida de la población.
Dicho esto es momento de demandar a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque no es justo que en cumplimiento de un compromiso que se hizo como resultado de los apoyos financieros otorgados a un candidato presidencial se comprometa la vida de todos los que circulan por esa vía. Y no está demás recordar a los supuestos «beneficiarios» que ellos también transitan por allí y junto a sus familias están en riesgo.
No podemos permanecer indiferentes frente a uno de los tantos problemas derivados de la codicia y el tráfico de influencias que caracterizan nuestro sistema político. Urge alejar el peligro moviendo las garitas a un lugar menos peligroso.