Hace ya mucho tiempo que se dispuso poner al aparato del Estado al servicio de la corrupción y se diseñaron instrumentos pseudo legales para facilitar la cooptación de la institucionalidad nacional a efecto de que cualquier contrato, concesión, compra o negocio con el Estado pudiera ser de mutuo beneficio para los funcionarios que toman la decisión y para los empresarios y particulares que se convierten en la contraparte. Mentes leguleyas prepararon el andamiaje y así como encontraron la figura del fideicomiso para encubrir la prostitución en el manejo de los fondos públicos, fueron estableciendo mecanismos para burlar cualquier asomo de control que pudiera intentarse para fiscalizar la cosa pública.

La idea de que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y la familia y que su fin supremo es la realización del bien común, quedó como un simple enunciado inútil en el texto constitucional. Mamolas, dijeron los artífices de esa “reforma del Estado”, porque todo se estructura para que en cualquier negocio que se haga con fondos del erario, alguien se pueda embolsar una buena ganancia y el fin supremo es la repartición del pastel entre los políticos y sus financistas que terminaron secuestrando la institucionalidad democrática del país.
 
 Prácticamente todas las contrataciones que hace el Estado están marcadas por la corrupción que igual se puede manifestar en las más altas esferas que entre los empleados menores que saben cómo se hacen las cosas en nuestro medio. Y en ese contexto, es ingenuo pensar que los grandes negocios están ajenos al interés por seguir exprimiendo el dinero público.
 
 Cuando se producen situaciones como el negocio de Puerto Quetzal, las licencias a las empresas mineras y la disputa por el control del Seguro Social, lo único absolutamente cierto es que no está en juego el interés nacional, mucho menos el bien común, sino simple y sencillamente ese consabido reparto de pastel que es la característica esencial de la gestión pública en Guatemala.
 
 En realidad la corrupción no es patrimonio de los políticos chapines y de sus socios en el sector privado. En todo el mundo existe y por ello es que los Estados más eficientes tienen adecuados mecanismos de rendición de cuentas y de fiscalización para contener la voracidad natural de los seres humanos que se despachan con la cuchara grande cuando tienen oportunidad. Si es cierto aquello de que en arca abierta hasta el justo peca, no hay arca más abierta que la de una sociedad que acepta la absoluta eliminación de cualquier mecanismo de control, de todo instrumento de fiscalización, para facilitar la más absoluta prostitución en el manejo de la cosa pública.
 
 Hace algunas décadas, los ladrones que se enriquecían en el desempeño de funciones públicas al menos recibían el escarnio de la vindicta pública porque quedaban marcados como sinvergüenzas. Pero el relajamiento moral ha sido patéticamente sostenido y al día de hoy más escarnio pesa sobre quien pasa por un puesto público y no aprovecha, que sobre el ladrón que se alza con los recursos del Estado. El primero es considerado como un idiota y el segundo como alguien astuto que supo sacarle raja al momento.
 
 Puede parecer un criterio demasiado extremo el afirmar que toda la administración pública está cooptada por la telaraña de la corrupción, pero es que no hay muchos países en los que se haya perfeccionado el saqueo del erario como ha ocurrido en Guatemala donde las cosas se han dispuesto para encubrir en figuras “legales” como el fideicomiso y el usufructo, lo que no se puede calificar sino como descarado y absoluto hueveo.