Aparentemente no todo est  perdido en lo que se refiere a las batallas medi ticas que han librado grupos de la sociedad civil organizada, editorialistas, periodistas de opini¢n y otra clase de columnistas, as¡ como analistas y organizaciones sindicales y hasta dirigentes empresariales, cuando las acciones y decisiones que adoptan funcionarios de instituciones p£blicas son notoriamente ileg¡timas, ilegales y, por lo consiguiente, redundan en perjuicio del inter‚s com£n, frente a la desfachatez de quienes supuestamente han sido designados para servir a la naci¢n y no para aprovecharse de sus posiciones en sus descarados afanes de enriquecimiento il¡cito.

Dos casos citar‚ en este sentido y que han acaecido durante los d¡as recientes, que logran levantar un t¡mido y prudente optimismo entre los colectivos civiles y las personas individuales que se han opuesto a resoluciones que erosionan el d‚bil modelo pol¡tico y econ¢mico del pa¡s, que defraudan a la administraci¢n p£blica y que tienden a resquebrajar a£n m s la confianza en las instituciones del Estado.

Se ha recibido con silencioso agrado, tal como suelen comportarse los diferentes estratos de la sociedad guatemalteca, la presunta renuncia del que hasta la semana anterior era el interventor de la Empresa Portuaria Quetzal Allan Marroqu¡n, sobre quien pesan graves se¤alamientos de violar normas constitucionales al haber otorgado concesiones y contratos lesivos a los intereses nacionales, al margen de que su c¢nyuge o exesposa lo ha acusado de varios delitos del orden com£n, al igual que el piloto de la familia que, privado de su libertad, se encuentra en huelga de hambre porque argumenta que fue sindicado de un delito que no cometi¢, sino que fue apresado a causa de las influencias del ahora exfuncionario.

Como lo indica el editorial de La Hora del pasado s bado, es imprescindible que se realice una profunda auditoria en la EPQ, para establecer el grado de conductas il¡citas que se le atribuyen al abogado Marroqu¡n, para que, si se comprobasen delitos, no queden impunes.

Por su parte, ante la presi¢n de  la opini¢n p£blica, el muy cuestionado directorio de la Superintendencia de Administraci¢n Tributaria se vio obligado por las nebulosas circunstancias a desistir de contratar a una oscura empresa argentina para asesorar a esa instituci¢n hipot‚ticamente a fin de mejorar la recaudaci¢n fiscal, aunque el Presidente insiste en su obcecada opini¢n a favor de esa contrataci¢n

 (El contribuyente Romualdo Tishudo advierte  que cuando los grupos y personas que defienden la sana administraci¢n p£blica se unifican, prevalece la verdad sobre la falsedad)