Los últimos acontecimientos en torno al caso Pavón, especí­ficamente sobre las trabas que se interpusieron para la extradición del ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, nos hacen pensar que el panorama es verdaderamente desalentador para el fortalecimiento de la justicia en nuestro paí­s.

Sin embargo, no sorprende. Era evidente que ante las capturas de personajes ligados al gobierno del FRG, el sector empresarial y su maquinaria mediática irrumpieran en aplausos al trabajo que desarrolla la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero cuando las investigaciones sobre crí­menes cometidos durante el pasado gobierno de la Gana, «el gobierno empresarial», como lo llamaba Berger, señalaran a uno de sus más polémicos representantes, el desgarre de vestiduras no podí­a ser menor.

Así­, amanecimos con varias calles y avenidas cubiertas con listones amarillos en señal de apoyo a Vielmann. Antes, ya habí­amos escuchado hasta la saciedad que «los buenos» tampoco podí­an participar en algo tan feo como ejecuciones extrajudiciales. Cosa sencilla frente a lo que se vení­a: la Corte de Constitucionalidad falló a favor de un recurso que suspendió la extradición del ex funcionario capturado en España, antes que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviara la papelerí­a en maletí­n diplomático para que tal acción se concretara.

Convenientemente, los magistrados que defienden la Constitución Polí­tica de la República realizaron su trabajo con una celeridad extraordinaria (como no suele suceder en los casos para las denuncias interpuestas por el ciudadano común), mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores retuvo las pruebas que permitirí­an la extradición, sin ninguna explicación, como para dar tiempo a que el proceso se detuviera.

Por si fuera poco, los recursos mediáticos con que cuentan los señores que defienden a los acusados en el caso Pavón han permitido que en nuestro paí­s se refuerce, en los últimos dí­as, un discurso a favor y de justificación del terror. Es evidente que lo que se pide es el aseguramiento de un juicio justo, pero lo realmente alarmante son los argumentos a favor de las ejecuciones extrajudiciales «porque al fin y al cabo esos desgraciados que se encuentran en la cárcel ya perdieron su derecho a la vida al haber sido condenados por los delitos de los que se les acusaba».

Se justifica el terror, como si fuera el único camino que tenemos para alcanzar la paz y la justicia. Es la reproducción del discurso que culpa a la mujer violada sexualmente «porque cómo se le ocurre vestirse así­ y caminar por esa calle tan peligrosa y sola». Es el discurso que legitimó las desapariciones, torturas y asesinatos, durante las dictaduras militares contra lí­deres sociales «que les pasó algo porque andaban metidos en cosas».

No se puede justificar, de ninguna manera, que aparezcan cuerpos en las cunetas, principalmente de jóvenes estigmatizados, con claras señales de tortura, con el tiro de gracia y con todas las evidencias alrededor de la participación de integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado. No se puede, ni siquiera cuando se trata de una persona que anteriormente, a través de un juicio, fue hallada culpable de algún delito.

El caso Pavón nos ha demostrado que la lucha por la desarticulación de las estructuras criminales que han cooptado al Estado es verdaderamente difí­cil pero necesaria. Ya es hora que el Estado se despoje de su original espí­ritu de finca. De lo contrario, los finqueros no permitirán nunca construir un verdadero Estado de Derecho en donde se garantice, contrario a lo que sucede ahora, el respeto y la protección a la vida.