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Hasta el 25 de diciembre pasado, 613 reos indígenas guardaban prisión en los diferentes centros carcelarios. De ellos, 592 son hombres y 21 mujeres, según datos proporcionados por Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario (SP).
Juristas que velan por los derechos de los indígenas, coinciden en que existen dificultades para dicho sector de la población en este tema, debido a que algunos han sido condenados por no contar con un intérprete que los defienda en su idioma; mientras que a otros se les pretende condenar a varios años de cárcel, cuando podrían existir mecanismos que les permita rebajar las penas.
Benito Morales, de la Fundación Rigoberta Menchú, explica que el problema refleja la naturaleza del Estado guatemalteco quien ha invisibilizado a los pueblos indígenas, cuando debería garantizarle que los juicios sean en su propio idioma.
El abogado también destacó que otro factor que preocupa es el de las reclusas indígenas, quienes tienen mayores dificultades para enfrentar los juicios, ya que por cuestiones culturales. Morales considera que las mujeres tienen menos posibilidades de aprender español ya que la mayoría se dedica a su hogar; en el caso de los hombres, éstos aunque no hablen y entiendan a totalidad el idioma, por lo menos saludan y pueden comunicarse un poco.
Pese a que en los Acuerdos de Paz, firmados hace doce años, el Estado se comprometió a velar por los derechos de estas personas, hasta hoy «no hay cumplimiento», en los mismos, dijo Morales.
CASO RAX CUCUL
Morales refirió que existen casos «paradigmáticos» en esta situación, como el de Pedro Rax Cucul, a quien inicialmente se le había dado pena de muerte, pero posteriormente se modificó la condena por 30 años de cárcel.
Actualmente Rax Cucul guarda prisión en la cárcel de Pavoncito, ubicada en la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, el recluso fue condenado por el asesinato de su esposa María Pec Chub, en enero de 1996, en Santa María Cahabón, en Alta Verapaz.
Mediante el Acuerdo Gubernativo 236-2000, durante la Administración de Alfonso Portillo, se dejó sin efecto la pena de muerte que se le impondría al privado de libertad, la sentencia se cambió por 30 años de prisión.
í‰ste ha sido uno de los casos más relevantes, en donde el idioma se ha convertido en una barrera para los sindicados; Rax Cucul, habla el idioma qeqchí, y según se indica fue detenido y acusado sin intérprete, incluso, hasta la fecha el privado de libertad no ha entendido plenamente las acusaciones en su contra, además, esta persona ha mostrado indicios de padecer alguna enfermedad mental, sin embargo, está recluido en un centro carcelario y no en un Hospital de Salud Mental.
CASO IXQUIACTAP
IXMATí
De acuerdo con Pedro Ixchiú García, del Instituto de la Defensa Pública Penal, del Proyecto de Defensorías Indígenas, la situación de Diego Ixquiactap Ixmatá, es otra caso que refleja las dificultades que enfrentan los reos indígenas. Además destaca la necesidad de los intérpretes mayas en la defensa de los sindicados.
El acusado es oriundo de la aldea Palacal del municipio de Nahualá, Sololá, y es sindicado por homicidio. Desde que inició el debate en su contra tuvo dificultad por carecer de un intérprete de quiché. Le fue proporcionado un intérprete, pero únicamente hablaba kaqchikel.
Inicialmente Ixquiactap Ixmatá fue condenado a 15 años de prisión inconmutables, pero la defensa de su caso interpuso un recurso de apelación especial por motivo de «fondo y forma», lo que permitió un segundo debate, en donde fue asistido por un hablante quiché de Santa Catarina Ixtahuacán Sololá.
Posteriormente se modificó el delito de Homicidio a Homicidio en estado de emoción violenta, lo que redujo la condena a ochos años de cárcel, sin embargo, el Instituto de la Defensa Pública Penal no conforme, bajo el argumento de que ésta es la pena máxima para este delito, logró reducir la sentencia a cinco años.
Por su parte, el Ministerio Público, interpuso una casación, la Corte Suprema de Justicia la declaró con lugar y ordenó el reenvío por el delito de homicidio, actualmente se espera la realización de la nueva audiencia.
El representante del Instituto de la Defensa Pública Penal sostiene que los indígenas tienen derechos como seres humanos y ciudadanos guatemaltecos, asimismo, destaca la necesidad de buscar herramientas para que los juicios en contra de los sindicados se lleven en su idioma natal; a decir del jurista, cuando no logran encontrar a un intérprete en determinado idioma, solicitan la asistencia a la Academia de Lenguas Mayas.
El jurista de la Fundación Rigoberta Menchú, insiste en que es el Estado quien debe garantizar y facilitar los recursos para que los reos indígenas enfrenten los juicios en su idioma natal.
Por otro lado, no se descartan casos en los que los privados de libertad pudieran haber sido condenados por un delito que no cometieron.