Cuando la justicia se pone en marcha y procesa a alguien que no es de nuestras simpatías nos alegramos porque vemos que hay avances en contra de la impunidad. Pero si esa misma justicia actúa para iniciar proceso a alguien que forma parte de nuestro grupo de amistades o de nuestro entorno social, consideramos que hay excesos, que se está manipulando la ley con fines políticos y nos lanzamos al desprestigio de las instituciones.
ocmarroq@lahora.com.gt
Lo ideal es que dejemos que el debido proceso se produzca para determinar si hay o no violación de la ley. El caso de la CICIG frente a la prensa es ilustrativo, puesto que cuando la Comisión emprendió el proceso en contra de Portillo y los grupos clandestinos que participaron en el saqueo del Ministerio de la Defensa Nacional, el aplauso fue unánime y se pudo notar cómo todos los comentarios de prensa eran absolutamente elogiosos para el trabajo de la Comisión Internacional que había logrado iniciar el proceso contra quienes ya habían sido públicamente señalados por malos manejos.
Pero la prensa cambió radicalmente su postura cuando se presentaron las acciones por el caso Pavón, puesto que lo que se había reconocido como un trabajo profesional para recabar pruebas en el caso Portillo, simplemente y sin mucho análisis pasó a ser un abuso, un despropósito, al iniciar acciones por ejecución extrajudicial, no obstante que desde los días en que ocurrió la toma de Pavón el mismo Procurador de los Derechos Humanos emitió una resolución en la que condenó el proceder de la fuerza pública.
Evidentemente hay materia para que el caso sea sometido a un proceso. Contrario a lo que dijeron el presidente Berger y el vicepresidente Stein en su durísima crítica a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, pienso que la única forma de dilucidar si realmente se procedió en el marco de la ley es mediante un proceso público que permita conocer a fondo las actuaciones. Rechazar el procedimiento de la acusación simplemente porque nos parece impropio que se someta a proceso a personas que son de nuestro entorno no contribuye a generar un estado de derecho y de respeto a la legalidad en el país.
Cuando se produjo la acción para retomar el control de Pavón, yo escribí un comentario en el sentido de que era indispensable que el Estado asumiera realmente el control de las prisiones. Sin embargo, y vale la pena hacer el matiz, hoy veo que no hubo tal recuperación del control porque las cárceles siguen siendo la misma porquería que eran antes de esa acción de fuerza que ahora está sometida a discusión.
Siempre he cuestionado el doble rasero que tenemos para juzgar acciones similares y he puesto varias veces el ejemplo de cómo la prensa fue enfática, contundente y tajante para desnudar la corrupción en el caso Portillo, pero menos acuciosa, para decirlo de manera elegante, para juzgar los negocios realizados en otros gobiernos. Y ahora lo vemos, puesto que es el mismo papel al aplaudir que la Comisión Internacional haya sido pieza fundamental para armar el caso contra Portillo, lo que hizo que crecieran los elogios hacia la CICIG, pero se le baja el cuero sin misericordia cuando una investigación se dirige al gobierno de Berger.
Basados en la presunción de inocencia tenemos que tener confianza en el debido proceso, sobre todo cuando se sabe que los sindicados tendrán derecho a contar con la defensa penal más capacitada de todo el país. La mejor manera de exculpar a quienes creemos inocentes es mediante un proceso en el que prevalezcan todas las garantías de ley.