El proceso para elegir al director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) se detuvo en por lo menos tres ocasiones, mientras que varios sectores sociales señalan vicios en la integración y los procedimientos de la Comisión Postuladora que se conformó en el pasado con ese objetivo. Un proceso se repite, directivos se confrontan y abogados penalistas negocian. Una lucha de poderes se desató tras un puesto clave para la justicia y el combate a la impunidad.
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El IDPP es una institución más en el sistema de justicia; «si hace falta la defensa pública a la administración de justicia, le hace falta una pata a la mesa», señaló Marco Antonio Canteo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), quien denunció que alrededor de la defensa pública radican otros intereses como el manejo de personal.
«Puede haber un interés de los sectores que no admitan que el Estado defienda, entre comillas, a delincuentes, pero es una mala interpretación», señaló Canteo, al reconocer que toda persona tiene derecho a la defensa.
«La defensa pública en su mayoría son abogados que pueden tener intereses alrededor del Colegio de Abogados y Notarios», también podría ser una opción, dijo el entrevistado.
Por otra parte, aunque defiendan a personas que, supuestamente, son de escasos recursos, los abogados del IDPP pueden estar así ofreciendo soporte legal a causas que no se muestran por completo, como el crimen organizado o el narcotráfico.
Varios son los profesionales que piensan que desafortunadamente existen grupos de poder que buscan sus propios intereses, insistió.
Como un supuesto, se plantea que la intención de dirigir el IDPP obedece al poder que la persona tendría sobre más de 500 juristas, que están a la defensa pública y tienen incidencia directa en procesos judiciales
Sin embargo para las autoridades es solamente una institución que se encarga de la defensa de los más necesitados, que acompañan y defienden que el debido proceso no sea vulnerado y así sean defendidos los derechos de los acusados.
FUNCIí“N y COMISIí“N
El IDPP es la institución que se encarga de la defensa legal de las personas que no tienen acceso a un abogado; entre los beneficiarios se cuenta una larga lista de personas de «escasos recursos» que se encuentran implicadas en procesos penales.
Pese a que el trabajo que ejerce el director de esa institución parece no tener mayor trascendencia o implicación política, existe un juego de intereses ocultos que participan en la disputa por el puesto.
Esto se manifestó en pasada elección de director del Instituto, que finalmente fue anulada, pero sólo luego de que varios movimientos sociales señalaran la existencia de grupos paralelos interesados en controlar el proceso de postulación,
En esa oportunidad, la primera parte del proceso se detuvo debido a «la incorrecta» interpretación que comenzaban a darle a la Ley de Comisiones de Postulación los integrantes de esa misma instancia; los comisionados no terminaban de materializar el espíritu de las pruebas de descargo, las cuales presentan los aspirantes al puesto para defenderse de una acusación.
Entonces los comisionados, al recibir el expediente de un aspirante que no llenaba los requisitos indispensables para el cargo de director, lo desestimaban y no permitían que presentara otro documento o prueba de defensa. Aunque esto se corrigió posteriormente, las complicaciones sólo iniciaban.
Pasado el primer inconveniente en la elección, los miembros de la postuladora continuaron con la selección de aspirantes hasta que lograron integrar la terna que fue enviada al Congreso, para que fueran los diputados quienes establecieran el nombre del nuevo Director.
El nombramiento de Remberto Ruiz como responsable del IDPP se concretó, sin embargo el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana se presentó al hemiciclo, con un expediente en la mano, el cual contenía denuncias en contra del electo.
Los sectores de la sociedad civil también se opusieron a que se eligiera a Ruiz, debido a que había una serie de denuncias que pesaban en su contra y criticaban que, como funcionario del Instituto, habría intervenido para facilitar su nombramiento. De esa forma, el señalado movilizó hasta el Congreso a varios trabajadores del IDPP, que supuestamente exigían su nombramiento.
Tras un intercambio de críticas entre los miembros de organizaciones sociales, diputados y comisionados, se decidió anular el nombramiento de Ruiz y el Congreso ordenó que se repita el proceso de postulación.
ERRORES
El proceso se reinició y ahora marcha con nuevos parámetros y una nueva comisión de postulación, con los cuales se espera que no se vuelvan a cometer los mismos errores que sucedieron en ocasiones anteriores.
Eleonora Muralles, del movimiento social Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), señala que los comisionados del proceso anterior viciaron el proceso y no respetaron la Ley de Comisiones de Postulación, pero tras la orden de repetir el proceso, éste ha mejorado en cuanto a transparencia y orden
El consejo que nombrará al nuevo director del IDPP está conformado en pleno, con todos los actores involucrados en la elección de acuerdo con la ley y están comenzando nuevamente el proceso de elección de aspirantes, lo cual observan las organizaciones como sano y correcto.
«La presión de repetir el proceso de alguna manera va a hacer que se vean obligados a mejorar la transparencia y publicidad», señaló Muralles, al tiempo que manifestó su preocupación porque se pueda respetar todo el proceso, pero al final los grupos paralelos de poder intervengan y acuerden una terna para ser enviada al Congreso.
«Ese es el gran riesgo que podemos correr como sucedió en la comisión del Fiscal, puesto que respetaron todos los procesos más allá de una apertura muy importante, pero en la decisión final donde la integridad no se puede medir por cada uno de los miembros, no los conocemos totalmente y son vulnerables porque toman decisiones que no son apegadas a la honorabilidad», argumentó la representante de FADS.
De acuerdo con la especialista, la comisión de elección de Fiscal General del Ministerio Público incumplió el debate de la reconocida honorabilidad y esto no debe suceder de nuevo en el consejo que postulará al director del IDPP.
La directora interina del IDPP, Blanca Stalling, quien lleva más de 10 años en el cargo que dirige y ordena el trabajo del Instituto de la Defensa, se refiere a los retos y problemas que enfrenta la institución y demuestra que en lugar de ser una ventaja, para alguien responsable tendría que ser un trabajo difícil que hay que mejorar.
– ¿Qué retos tendría el próximo director del IDPP?
– Dentro de los primeros retos se encuentra el obtener un presupuesto adecuado para cumplir con las funciones de la institución, principalmente en la asistencia legal gratuita a mujeres víctimas de violencia, tarea que fue encomendada a través de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer.
La carga de trabajo es muy grande y los recursos que podemos asignar a esta coordinación son sumamente limitados, lo que viene a poner más en riesgo a esas mujeres que necesitan atención no solo para el acompañamiento, sino para poderles dar asistencia legal en todos aquellos procesos que devienen de un proceso de violencia intrafamiliar como son las pensiones alimenticias, el reconocimiento de la paternidad.
– ¿Que sucede al estar saturados en casos?
– El trabajo para los defensores públicos resulta complicado porque un defensor defiende tres a cuatro audiencias en un mismo día, eso significa que necesitamos tener más defensores públicos para prestar un adecuado servicio.
Todas las instituciones judiciales estamos atravesando por problemas porque no existe una política para priorizar los inconvenientes. La carga de trabajo en lo que ha incrementado es el número de audiencias y cada debate no se puede resolver en una sola audiencia.
– ¿Cómo definiría el trabajo de los defensores públicos?
– Velar por el debido proceso y ser un límite al poder punitivo del Estado, todos tenemos que tener un límite y ese poder del Estado no se tiene que extralimitar, cometiendo abusos o arbitrariedades que pudieran perjudicar a la población guatemalteca, como el caso de detenciones ilegales, abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos de personas que son detenidas.
– ¿Cree que el nuevo proceso de elección será llevado a cabo sin ninguna manipulación de poderes?
– Con la transparencia con que se está haciendo el proceso, no; ya los miembros del consejo tienen la experiencia vivida en la primera oportunidad, que en un principio la interpretación fue distinta y pudo haber dado lugar a que esos grupos sociales pensaran que hay poderes detrás.
Esperamos también que la sociedad civil se presente con transparencia y los aspirantes que ellos apoyan y que presenten sus credenciales para saber realmente quiénes son. Lo que menos desearía como representante de la institución es que este proceso nuevamente vaya a fracasar, porque esto está perjudicando a la institución, esa fue la razón por la que yo renuncié a mi participación porque no quiero que la institución siga siendo perjudicada en la imagen.