Sin embargo, el caso del Ministro parece ser consecuencia de que cayó en desgracia por alguna razón y que eso permitió que se filtrara la información sobre la adjudicación del contrato de los combustibles y luego la investigación tan profesional realizada para establecer el paradero de los fondos que se clavaron en la operación. No podemos, de momento, hacernos ilusiones respecto a que en otros casos y con otros funcionarios pueda haber la misma diligencia, toda vez que es indiscutible que la Superintendencia de Bancos está funcionando en el contexto polí­tico por excelencia. Lo que me parece interesante advertir es que actualmente existen mecanismos que antaño no habí­a para seguir la pista a los beneficiarios de contratos con el Estado y determinar el destino de los fondos, lo que en muchos casos no dará elementos para hablar del enriquecimiento ilí­cito que, para desgracia de Guatemala, no es un delito según nuestro ordenamiento legal y nadie mueve un dedo para reparar esa situación. En otras palabras, institucionalmente están las facultades y los medios para realizar las investigaciones y si por razón polí­tica de momento no se pueden concretar, hay que buscar una legislación que impida que opere la prescripción del delito en tanto los encargados de investigar puedan tener ví­nculos o compromisos con los sujetos de una investigación. Precisamente por la existencia de instrumentos que dan pistas es que cada dí­a será más fuerte la presión para no soltar el poder y prolongar todo lo que sea posible el control de instituciones como el Ministerio Público, la Contralorí­a de Cuentas y la Superintendencia de Bancos que pueden ser piezas importantes en una real lucha contra la impunidad en los casos de corrupción. Es de admirar la forma en que cuadricularon a Raúl Velásquez y el Gobierno puede presumir en serio de que han hecho un trabajo en contra de un acto de corrupción como fue el contrato para la compra de combustible para las patrullas de la Policí­a Nacional Civil. Pero obviamente no se trata de un caso aislado en un paí­s donde el sistema administrativo fue diseñado para facilitar la corrupción y de la misma manera tendrá que llegar el momento en que la sociedad exija y logre que sean auditados los gastos que realizan mediante las ONG o, peor aún, mediante fideicomisos constituidos cabalmente con la única y clara intención de escamotear la información y alejar las cifras de cualquier esfuerzo por auditar la calidad del gasto. Esa misma Superintendencia de Bancos que fue tan efectiva para talonear hasta el último centavo que se erogó en ese sucio contrato, debiera realizar un trabajo similar con los fideicomisos para ir limpiando el antro que es el sector público.