La Corte Suprema de Justicia, CSJ, de Honduras ratificó que el depuesto presidente, Manuel Zelaya, no puede ser restituido en su cargo si no se somete a los juicios que tiene pendientes, informó hoy una fuente de ese órgano.
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En la opinión que enviará esta semana al Congreso Nacional, que el 2 de diciembre debatirá si se restituye o no a Zelaya en la Presidencia, la CSJ ratifica el criterio que emitió el 21 de agosto pasado en el proceso de consultas del Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, í“scar Arias, en su calidad de mediador en la crisis de Honduras.
Una fuente de la CSJ explicó a Efe que la opinión que se enviará al Parlamento, y que ratifica la emitida en agosto, fue aprobada anoche por 14 de los 15 magistrados, pero no precisó quién votó en contra ni el porqué.
El tribunal supremo indicó en agosto, en relación al regreso de Zelaya al poder, que «existen acciones penales presentadas (contra él) por la Fiscalía General de la República», por lo que, «mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal».
Zelaya tiene una orden de captura por varios delitos relacionados con una consulta popular que pretendía celebrar para promover una Asamblea Constituyente el 28 de junio, el mismo día en que los militares lo arrestaron y lo expulsaron del país, y en que el Parlamento designó a Roberto Micheletti en su lugar.
Según el gobierno de Micheletti, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de ese mandato judicial derivado del proceso incoado por el Ministerio Público contra él por promover la consulta, que había sido declarada ilegal por varios órganos del Estado.
Ya derrocado Zelaya, un tribunal de justicia le libró otra orden de captura, en este caso, según el Ministerio Público, por la emisión ilegal de un decreto para la contratación de publicidad.
Con la opinión de la CSJ, el Congreso Nacional contará ya con las cuatro que solicitó a sendos órganos del Estado para fundamentar su debate, aunque ha aclarado que estos informes no son vinculantes y que la decisión sobre Zelaya sólo dependerá de los diputados.
Ya entregaron sus opiniones el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.
El derrocado mandatario permanece desde el 21 de septiembre pasado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa tras volver al país clandestinamente.
El próximo domingo en Honduras se celebrarán elecciones para elegir al próximo presidente del país, pero la mayoría de países han anunciado que no reconocerán su validez a menos que se celebren con Zelaya de nuevo en la Presidencia.
MINISTERIO PíšBLICO
El Ministerio Público de Honduras entregó este miércoles al Congreso Nacional su dictamen sobre la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya, sin que se revelara su contenido, informó la institución.
El hecho se produce cuatro días antes de que se lleven adelante las elecciones generales, previstas para el domingo próximo, a las cuales Zelaya llamó a desconocer sus resultados mientras no sea restituido en el gobierno.
El Ministerio Público entregó al Congreso Nacional el dictamen que éste le había solicitado, al igual que a otras tres instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, antes de pronunciarse el 2 de diciembre sobre la restitución de Zelaya en el poder.
«Es un informe completo, enmarcado dentro de la Constitución», dijo el asesor del Ministerio Público, Nick Atala, al entregar el informe al Congreso, sin revelar los detalles del mismo.
Por su parte, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunieron a lo largo de la jornada del miércoles para preparar su dictamen, el único que falta después de que también lo entregaron la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía.
El presidente de la institución, Jorge Rivera, aseguró que «no podemos dar a conocer la opinión públicamente, será llevada al Congreso», lo que se espera haga esta semana.
El acuerdo Tegucigalpa/San José, suscrito el pasado 30 de octubre por las comisiones negociadoras del gobierno de facto de Roberto Micheletti y del depuesto presidente Manuel Zelaya, estableció que el Congreso Nacional tenga la potestad de retrotraer la situación política que prevalecía antes del 28 de junio, fecha del golpe de Estado.
También establecía que el poder legislativo podía consultar con otras instituciones antes de emitir su opinión.
El próximo 2 de diciembre está prevista la reunión de los 128 diputados del Congreso para estudiar este espinoso asunto, pese a que Zelaya considera letra muerta el acuerdo suscrito bajo presión de Estados Unidos, al no haber sido restituido en el poder antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Estados Unidos asegura que vigilará atentamente las cruciales elecciones del domingo en Honduras, para luego decidir si las reconoce, una arriesgada postura que puede ensombrecer la imagen del gobierno de Barack Obama ante la región.
«Estados Unidos, junto al resto de la comunidad internacional, vigilará las elecciones hondureñas con gran interés», señaló el Departamento de Estado a la AFP.
«Para que la voluntad popular se pueda expresar claramente, las elecciones deben realizarse en un entorno que permita a los candidatos, a todos, hacer campaña en un ambiente de paz y seguridad», declaró por su parte el nuevo vicesecretario de Estado para América Latina, Arturo Valenzuela, en su presentación ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
El gobierno de Obama insiste ante el gobierno de facto de Honduras en que le preocupan las violaciones a los derechos humanos.
Pero Washington no tomará por anticipado una decisión sobre los comicios porque, por encima de todo, los hondureños tienen derecho a elegir sus representantes, y porque las elecciones ya estaban inscritas en el calendario legal del país, apuntó Valenzuela ante la OEA.
De forma más discreta, fuentes oficiales reconocen que la inestable situación, con el presidente depuesto Manuel Zelaya asilado en la embajada de Brasil y sospechosos actos de violencia en diversos puntos del país, arrojan un panorama mucho más complejo.
Pero en lugar de enviar una misión para monitorear de cerca esa complejidad, el gobierno de Obama se alineó por el momento con sus socios de la OEA, que ignoran ferozmente al régimen de facto.
El resultado es que desde Estados Unidos saldrá una heterogénea lista de observadores «independientes», desde fundaciones conservadoras hasta exiliados cubanos, proclives al régimen de facto, así como por organizaciones no gubernamentales muy críticas con los actuales gobernantes.
«El desafío para Valenzuela es hallar una fórmula para aprovechar las elecciones para resolver la crisis, sin polarizar aún más las relaciones interamericanas», considera Peter Hakim, del centro de análisis Diálogo Interamericano.
Lejos de abstenerse en la crisis, Washington tomó las riendas de la mediación resueltamente, lo que le generó aplausos.
Fue Estados Unidos quien consiguió que tanto Zelaya como el presidente de facto, Roberto Micheletti, firmaran el acuerdo de Tegucigalpa/San José que entreabrió, con soluciones concretas, la puerta a la resolución de la crisis.
Pero a medida que esa mediación se profundizaba, también crecía el aislamiento respecto al resto de la OEA, que ha jugado un papel de comparsa en las últimas semanas.
Las fuentes oficiales estadounidenses dan una y otra vez una sensación de tener la delicada situación bajo control en sus contactos con la prensa en Washington, pero bajo anonimato.
La mediación se ha vuelto un juego diplomático tras bambalinas lo que aleja al gobierno de Obama de su imagen inicial de transparencia.
Eso ya empieza a provocar desencanto en las capitales latinoamericanas.
La política del presidente Obama genera «un cierto sabor de decepción», comentó este miércoles Marco Aurelio García, asesor del mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva.
Obama mandó una carta a Lula coincidiendo con la visita del iraní Mahmud Ahmadinejad, tras reconocer que no pudo llamarlo por su abultada agenda.
Colombia, que tiene un peligroso contencioso con Venezuela, es otro de los países que puede sentirse minusvalorado.
«Los amigos no abandonan a los amigos», aseguró William Brownfield, el embajador estadounidense en Bogotá.
Pero Washington tampoco está haciendo valer esa amistad de forma rotunda, defendiendo el pacto militar con Bogotá de forma abierta.
Eso sirve de munición a la oposición republicana, que desgastó eficazmente al gobierno de Obama durante los seis largos meses en los que impidió que Valenzuela asumiera su cargo.
Son los republicanos los que defienden por ejemplo los Tratados de Libre Comercio con Colombia y Panamá, aún sin ratificar en el Congreso estadounidense, a pesar de las ansias de ambos países.