A escasas dos semanas para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea integrada por trece nuevos magistrados, estos profesionales se encontrarán en primer plano con un cúmulo de trabajo que los actuales togados no cumplieron. El largo y tantas veces cuestionado proceso de elección de los trece nuevos profesionales del derecho que ocuparán una magistratura en la CSJ, generó que las actividades laborales de los aún magistrados, nueve de los cuales integraron una Comisión de Postulación, se suspendieran y se retrasaran.

Sin embargo, el citado proceso parece no ser el único factor de retraso en las labores de la CSJ, pues desde las tediosas reuniones que tuvieron lugar durante meses para intentar elegir al presidente de ese organismo, se generó «cierta tensión» entre los magistrados, según reconocen algunos integrantes de esa instancia; y aunque estos no se sinceraran, el hecho fue visible a medida que se iba evidenciando la, criticable, división de grupos.

Lo cierto es que actualmente los magistrados parecen soportarse poco entre sí­: casi no se saludan al encontrarse en los pasillos del Palacio de Justicia; incluso varios intentos de hacer una fotografí­a de grupo para conservar el recuerdo de tan singular equipo de profesionales han sido fallidos.

Pero, ¿cuánto trabajo dejaron pendiente los actuales magistrados?, ¿qué efectos tiene ese hecho en la aplicación de la justicia?, y ¿en qué factores tendrá que reparar la próxima integración de ese organismo? Algunos analistas respondieron a estas preguntas.

LO PENDIENTE

Luis Fernández Molina, magistrado de la CSJ, reconoce que quedarán muchas cosas pendientes para que los próximos magistrados las resuelvan o les den seguimiento. Aunque especificó algunos temas pendientes, generalizó también que una serie de amparos, antejuicios, reformas y actividades administrativas no se realizaron.

«Por ejemplo quedaron tareas pendientes como haber construido más edificios para juzgados de paz en la capital, las iniciativas para reformar el Código de Trabajo y hacerlo más expedito, fortalecer la carrera judicial, la Supervisión de Tribunales, la implementación del derecho consuetudinario…», señala Fernández Molina.

El magistrado reconoce que esas, y muchas otras, eran tareas que ya estaban previstas desde el inicio del perí­odo para el que fueron electos, pero que no se realizaron.

Pero, ¿por qué no se realizaron esos proyectos?, Fernández responde que hubo «falta de diligencia» en los aún magistrados de la CSJ, y agrega: «hubo una manifiesta falta de liderazgo en la actual Corte, eso hizo que no se marcara una orientación», enfatizó.

El entrevistado también reconoció que la división de grupos fue un factor más que incidió en que el trabajo se retrasara de esa manera e instó a la próxima CSJ para que «desarrollen nuevas ideas y elaboren un plan nacional de edificios judiciales que abarque hasta el último de los municipios del paí­s», declaró.

Pero las crí­ticas no se pueden ocultar, y las organizaciones de la Sociedad Civil tienen mucho que decir sobre la CSJ actual, así­ como expectativas para la próxima integración.

CRíTICA

Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, criticó que el trabajo de las comisiones de postulación en los últimos meses haya detenido el funcionamiento normal de ese organismo de Estado.

«El funcionamiento no debe parar porque haya proceso de elección de magistrados, ellos tienen hasta el 13 de octubre para cumplir con sus obligaciones con la justicia y no hay razón de fondo para que paren las labores», denunció el jurista.

A criterio de Canteo, ese hecho puede dar pie a pensar que los actuales magistrados «quieren dejarle la brasa caliente a los nuevos, además que hay componendas polí­ticas para resolver en determinada forma», agregó Canteo.

El analista considera que ese retraso en el trabajo le hace daño tanto al sistema de justicia como al paí­s y que tiene efectos grandes ya que «una justicia tardada no es justicia», enfatizó.

INTERESES

Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes y querellante en varios procesos judiciales relacionados con trata de personas y delitos similares, opina que la principal debilidad de la actual CSJ son los intereses que representaban, lo cual «evitó que se pudiera trabajar en consensos y de forma colegiada», dijo.

Para la activista la próxima CSJ «va tener que trabajar duro para poner al dí­a la agenda pendiente», y agregó que los nuevos magistrados no tienen mucha experiencia en el sistema de justicia y que les tomará algo de tiempo acomodarse.

«Esperamos que se puedan ver los resultados en cuanto a aperturar juicios e ir viendo cambios de manera que se miren criterios más abiertos de parte de los juzgadores: «Si la cabeza orienta bien, los jueces van a ir respondiendo a las exigencias sociales de justicia», opinó Cruz.

La entrevistada agregó que los nuevos magistrados «deben evitar anteponer los intereses que pudieran representar poner sus energí­as en ver los problemas que hoy tiene el sistema de justicia y realizar los cambios que permitan acceder a la justicia y erradicar la impunidad», indicó.

DERECHO INDíGENA

Benito Morales, director del área jurí­dica de la Fundación Rigoberta Menchú, reconoció cierta dificultad en hablar de las debilidades de la actual administración; sin embargo, enfatizó que la CSJ actual «demostró que más que una institución encargada de garantizar la justicia, fue todo lo contrario».

Para Morales, el hecho que los magistrados hayan tardado más de treinta sesiones tratando de ponerse de acuerdo para elegir a un presidente de ese organismo reflejó que no estaban conformados y carecí­an del criterio y las polí­ticas públicas del ejercicio de la administración de justicia; además de reflejar todos los intereses de sectores en ese organismo.

«Las estadí­sticas son alarmantes respecto a los resultados de la actual CSJ, y prácticamente señalan que hay un sistema de justicia fracasado en el sentido que la población no tiene un real acceso a la justicia, y es evidente que lo que estaban representando eran intereses ajenos a justicia», declaró el jurista consultado.

Morales enfatizó que los actuales magistrados tuvieron la visión de que la justicia se limita a la construcción de edificios y que para la próxima administración representa un reto el hecho de poder entender «que la justicia es para todos por igual tomando en cuenta que somos un paí­s diverso», declaró.

Los retos, a criterio del entrevistado, son que los nuevos magistrados «intenten» dar muestras de imparcialidad, controlar los mecanismos que impiden que haya justicia para todos y juzgar los crí­menes que afectan a la población de manera directa e indirecta. «Hace falta una reingenierí­a en el sistema de justicia para que sea accesible para los pueblos indí­genas y eso no se logra dotando de intérpretes los juzgados sino encontrando los mecanismos adecuados, para que puedan acceder en su idioma pero por otro lado en base a su propio sistema de justicia», enfatizó Morales.