---

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó «dar pasos» para definir lo que llaman una «Polí­tica General de Seguridad del Poder Judicial», para lo cual recurrieron a la colaboración internacional.

A criterio de Mario Mérida, experto en temas de seguridad, las polí­ticas de seguridad del OJ deberí­an ir encaminadas a la óptima utilización de sus recursos en materia de seguridad.

PROPUESTA

César Barrientos, presidente de la Cámara Penal, explicó que esa iniciativa tiene como objetivo «buscar la seguridad, la tutela y la protección en el trabajo, en la familia y en la vida de los jueces y auxiliares judiciales».

El magistrado añadió que en esa búsqueda, la CSJ ha tenido entrevistas con organismos internacionales y Naciones Unidas para que ayuden a Guatemala a «formular» un plan de seguridad que permita garantizar la vida de las personas que laboran en los tribunales.

El planteamiento de la Cámara Penal fue presentado a los órganos internacionales entre el 15 y 18 de octubre último, dí­as después de asumir la nueva administración de la CSJ, sin embargo, a la fecha no ha habido ninguna propuesta.

«Lo que les pedimos es que uno de esos organismos definiera un plan para la protección de los trabajadores del OJ, nosotros no sabemos mucho del tema, sólo sabemos que es necesaria la seguridad, pues no es seguridad personal sino se trata de un conjunto de elementos que se deben hacer para darle una solución a la situación», explicó Barrientos.

El magistrado indicó respecto a los fondos que: «es obligación del poder judicial utilizar sus recursos para la seguridad de sus trabajadores y debe destinar parte de su presupuesto con esos fines».

ANíLISIS

Consultado sobre el tema el analista en seguridad, Mario Mérida, la decisión de la CSJ de pedir apoyo internacional para la definición de un plan de seguridad lo que refleja es «la pérdida de credibilidad en la capacidad de proveer seguridad a los jueces en Guatemala», indicó.

«Creo que una de las razones de los magistrados es quitarse la responsabilidad administrativa de tener bajo su cargo un cuerpo de agentes de seguridad del OJ, pero eso deberí­a ser lo ideal, que se cree un departamento especí­fico para la seguridad de jueces y todos los que llevan casos de alto impacto», criticó.

Mérida enfatizó que en ese sentido, «hay que hacer notar» que la CSJ deberí­a tener la capacidad de darse su propia seguridad, por tratarse de un organismo de Estado y agregó que la anterior administración tení­a depósitos de hasta Q500 millones en fondos privativos y que éstos deberí­an ser utilizados para otorgar seguridad a los jueces.

«Si esta nueva Corte decide crear una dirección especí­fica para temas de seguridad, contemplando su propio presupuesto serí­a una decisión acertada, pues sus polí­ticas deberí­an ir encaminados a la óptima utilización de sus recursos en materia de seguridad para sus trabajadores», agregó Mérida.

VULNERABILIDAD

El 3 de agosto último, fue asesinada la magistrada Flor de Marí­a Gil, de 64 años de edad, quien presidí­a el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social del OJ.

Hasta ahora, su muerte sigue impune y la reacción de los administradores del OJ en aquel entonces fue: «Ella en ningún momento habí­a solicitado seguridad», según las declaraciones vertidas por el director de seguridad del OJ.

El 8 de mayo de 2008 fue asesinado el presidente de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Retalhuleu, José Vidal Barillas Monzón; mientras el 20 del mismo mes y año, el juez Eduardo Cojulún denunció amenazas de muerte.

En agosto de ese año, la anterior administración de la CSJ reconoció que no habí­a recursos suficientes en ese organismo para brindar seguridad a sus jueces amenazados. Los magistrados de ese entonces solicitaron apoyo al Ministerio de Gobernación, no obstante, tampoco se obtuvieron avances en materia de seguridad de parte de la cartera del Interior.