La semana pasada Acción Ciudadana realizó la presentación de su esfuerzo de investigación sobre la falta de rendición de cuentas de la más reciente aventura de subsidios al transporte urbano de la región metropolitana. El título del comunicado de prensa es el que he prestado como encabezado de esta columna de opinión.
El nuevo Frankestein nació por un Acuerdo Gubernativo, el Acuerdo No.103-2009, en donde se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que otorgue aporte económico de inversión de 35 millones de dólares a favor de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de la ciudad de Guatemala, con el destino de financiar el proceso de implementación del Sistema de Prepago en las unidades de transporte urbano de la ciudad.
A la fecha, como parte de dicho acuerdo, se han desembolsado 270 millones de quetzales; además, Fonapaz ha desembolsado 56 millones más en la construcción de diferentes componentes de la infraestructura del servicio.
Sin embargo, lo más significativo es el subsidio otorgado, año con año, que ha venido oscilando en cantidades cercanas a los 300 millones de quetzales desde el año 2009, que es la fecha de la “renovación”, del vetusto “sistema citadino”.
En relación a esta “renovación”, la misma refleja los vicios que persisten en el medio cuando se trata de realizar negocios con el Estado, sea cual sea la actividad: fertilizantes, fungicidas, medicamentos, provisión de vehículos, libros de texto y demás. El modelo dominante es: asociaciones monopólicas que impiden la libre competencia y se encumbran gracias a la opacidad y la falta de auditoría social.
Y es que, como lo señala el estudio indicado, no se trata de prácticas monopólicas y colusiones diversas en la provisión del servicio básico, sino también en relación con la construcción de instalaciones, en la reparación de vehículos y sobre todo en el tema de la seguridad, que es una de las preocupaciones mayores de los usuarios del “sistema”.
Así, en lugar de hablarse, como en otros lares, de capitalizar un sistema que se base en el interés público y sobre todo en el apoyo a verdaderos operadores de tecnología, los intereses en juego son los que privan y el conservadurismo y miedo por cambiar de tajo las cosas, da cauce a la mala práctica.
Y me pregunto yo, cómo es posible después de haber caído en el tremendo fiasco de las “tomateras”, en tiempo de Oscar Berger, volvimos a caer con la misma piedra y con los mismos personajes, hoy “reconstituidos”, en empresas de cartón que se han llenado de plata los bolsillos a costa de esa poco prestigiada figura de “subsidiar al productor”, en vez de focalizar los subsidios en estudiantes, mujeres, adultos mayores, niños y demás usuarios principales, tal y como se hace en otras latitudes.
Las causas de este fracaso estriban primeramente en la falta de una visión de largo plazo, en el oportunismo de la “clase política”, temerosa de afrontar los problemas de fondo, asociándose en colusiones con seudoempresarios y grupos opacos que han mermado de la actividad pública.
Hablamos del diente al labio de la necesidad de competencia e innovaciones en nuestro sistema productivo, pero tanto el tema del transporte urbano, como el de los ferrocarriles nos desnudan de cuerpo entero como poco versados en las más ingentes necesidades colectivas.