El pago de indemnización a funcionarios públicos que dejarán su cargo el próximo 14 de enero ha creado controversia entre analistas y funcionarios, en tanto, la Oficina Nacional del Servicio Civil (Onsec) continúa sin pronunciarse al respecto.
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Roberto Cervantes, director de Onsec, entidad responsable de la aplicación de las leyes sobre las cuales se rigen los servidores públicos y de la supervisión del sistema de administración de personal en la administración pública, no ha dado a conocer su postura en cuanto a la controversia.
Orlando Blanco, analista del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), opina que la intención de cobrar un pago adicional por parte de funcionarios públicos es indebido.
«Durante su trabajo en el gobierno tienen salarios elevados, reciben viáticos y acceso a la infraestructura para desempeñar labores en óptimas condiciones (…) por todos esos beneficios, rechazamos que se otorgue un pago adicional», indicó Blanco.
Asimismo, advirtió que se debe estar observante de los movimientos que se dan en las entidades de gobierno durante los últimos meses de gestión de los funcionarios, cuando se crean nuevas plazas y se presupuesta a trabajadores que se encuentran bajo renglones 029.
Indemnización militar
El diputado Oliverio García Rodas de la bancada del Partido Patriota propuso el 21 de septiembre una iniciativa de ley para aprobar un aporte extraordinario de 770 millones de quetzales para indemnizar a los miembros del Ejército que se retiren de su cargo.
La iniciativa, consistente en trece aportes anuales de 65 millones de quetzales y un aporte final de 55 millones, podría ser revisada por el pleno del Congreso durante la próxima semana, cuando finalicen las discusiones por la aprobación del Presupuesto 2008.