Según esta organización de defensa de los derechos humanos, la ley fue publicada en el Diario Oficial de Afganistán el 27 de julio.
No hubo ningún anuncio oficial sobre el tema, y ningún responsable del Gobierno afgano pudo ser contactado para confirmar esta información hoy por la mañana.
Esta ley es, según HRW, una nueva versión de la que había sido adoptada en marzo por los parlamentarios afganos y firmada por el presidente Karzai, pero que no había entrado en vigor, después de suscitar la indignación en Occidente, donde se habló de una legalización de la violación conyugal.
HRW explica haber visto una copia final de la nueva ley, que incluye «numerosos artículos regresivos» para los derechos de las mujeres, aunque no sean tan restrictivos como el proyecto inicial.
El nuevo texto prevé que un marido tiene el derecho de retirar cualquier sustento material a su esposa, incluidos los alimentos, si se niega a satisfacer sus demandas sexuales, y que la patria potestad de los hijos es confiada únicamente y en todos los casos a los padres y los abuelos hombres.
También establece que las mujeres deben pedir permiso a su marido para trabajar, y permite que un violador sea absuelto de cualquier cargo si paga «el dinero de la sangre» a la mujer violada, indica HWR.
«Los potentes apoyos internacionales de Afganistán deberían insistir para que el presidente Hamid Karzai modifique esta ley que formaliza la discriminación contra las mujeres chiitas», considera HRW en un comunicado.
La organización fustiga una «ley bárbara» y acusa a Karzai de haber «vendido» los derechos de las mujeres chiitas a líderes chiitas «fundamentalistas» que quieren una legislación especial sobre temas familiares para su minoría, a cambio de su apoyo en las elecciones presidenciales.
Los chiitas representan más o menos el 15% de la población afgana.
En abril, el presidente Karzai había pedido al ministerio de Justicia que revisara el proyecto de ley que había firmado en marzo, luego de las protestas de organizaciones afganas e internacionales que lo acusaban de legalizar una ley que aplica a las mujeres chiitas restricciones dignas del régimen de los talibanes.
Las protestas provenían sobre todo de países comprometidos militarmente en el seno de las fuerzas internacionales que apoyan al Gobierno de Karzai, y que figuran también entre sus principales socios.
«Pienso que esta ley es detestable», había dicho el presidente estadounidense, Barack Obama, durante una cumbre de la OTAN en abril. «Contamos con la retirada de este proyecto de ley» porque es «inaceptable», había afirmado la canciller alemana, Angela Merkel.
Karzai había declarado en mayo que cualquier artículo que violase los derechos de las mujeres debía ser eliminado.
Pero el ministerio de Justicia nunca informó de los resultados de esta revisión.
Este anuncio tuvo lugar unos días antes de las elecciones presidenciales del 20 de agosto, en las que 17 millones personas están habilitadas para votar, y en las que Karzai es considerado favorito, tras haber firmado acuerdos con los líderes de las principales etnias y religiones del país.
Los principales candidatos afganos recorrían el país hoy en campaña para las elecciones del 20 de agosto, mientras las autoridades indicaron que intentaban obtener de los talibanes un compromiso que evite riesgos a los votantes.
El hermano del presidente Hamid Karzai, candidato a la reelección y favorito en los sondeos, declaró hoy que se desarrollaban conversaciones con jefes talibanes del sur del país para que no realicen ataques que pongan en riesgo la seguridad de los votantes el próximo jueves.
Los talibanes desmintieron tajantemente que tuvieran lugar esas negociaciones, según indicó uno de sus portavoces.
La Comisión Europea informó hoy en Bruselas que un grupo de 67 observadores europeos llegó a Afganistán para supervisar las elecciones, pero indicó que «se desplegarán en los lugares que las condiciones lo permitan».
El presidente Karzai voló hoy a la ciudad de Herat (oeste), donde tiene previsto pronunciar un discurso ante miles de partidarios.
Su principal rival, Abdula Abdula, se reunirá con varios miles de personas en la provincia central de Dai Kundi, mientras que el ex ministro de Finanzas, Ashraf Ghani, también participará en un mitin en Zabul (sur).
Estos tres candidatos lideran la carrera presidencial, en las segundas elecciones afganas desde que los talibanes fueron expulsados del poder por una coalición internacional liderada por Estados Unidos en 2001.
En las papeletas aparecerán 41 nombres, aunque al menos cinco candidatos anunciaron a la prensa que habían dejado su lugar a otros, de los cuales solamente uno informó de su decisión a las autoridades.
Según un sondeo publicado este viernes, el 44% de las personas interrogadas a finales de julio dijo que votaría por Karzai, y el 26% por Abdula, lo que requeriría una segunda vuelta, dado que el presidente no alcanzaría el 50% necesario para ser electo en la primera.
El 10% dijo que votaría por el candidato independiente Ramazan Bashardost, y el 6% por Ghani, según el sondeo realizado por una organización basada en Estados Unidos, el Instituto Republicano Internacional (IRI), que entrevistó a 2.400 personas a mediados de julio.
El hermano del presidente, Ahmed Wali Karzai, jefe del consejo provincial de la sureña provincia de Kandahar, dijo a la AFP que «las comunidades han empezado conversaciones con algunos grupos talibanes, algunos comandantes talibanes, para tratar de convencerlos de que ese día no creen problemas», aunque negó que se haya alcanzado un acuerdo de momento.
Todavía «no se firmó ningún acuerdo con los talibanes», afirmó Karzai, que trabaja en la campaña de su hermano.
Pero un portavoz de los talibanes negó a la AFP cualquier negociación. «No hemos hablado con nadie», afirmó Yusuf Ahmadi. «Ni nuestros comandantes locales ni nuestros jefes han hablado con nadie y no lo harán», precisó el vocero talibán.
El diario británico The Guardian indicó que Ahmed Wali Karzai acordó secretamente un alto el fuego con los talibanes del sur para que se retiren y permitan que las fuerzas de seguridad protejan los colegios electorales.
Los talibanes juraron que perturbarían las elecciones que consideran «una farsa orquestada por los estadounidenses» y llamaron a los afganos a boicotearlas y a tomar las armas contra los «invasores» extranjeros.
La Comisión Electoral Independiente Afgana (IEC) dijo el jueves que más del 10% de los 7.000 colegios electorales podrían permanecer cerrados, debido a las amenazas de actos de violencia.
Los talibanes se negaron reiteradamente a participar en los diálogos de paz propuestas en los últimos años por el presidente Hamid Karzai, planteando como condición previa la retirada de las tropas extranjeras del país.
Más de 100.000 efectivos extranjeros están desplegados en Afganistán bajo mando estadounidense y de la OTAN.
La oficina de Karzai anunció en julio que se había acordado un alto el fuego con los talibanes en la provincia de Badghis (noroeste) y que se trabajaba para conseguir lo mismo en otras provincias.