Según el G-4, 12 puntos se han cumplido de los 101 compromisos incluidos en el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia.
Dentro de los doce puntos cumplidos se encuentran la creación de los juzgados de alto impacto y la instalación de antenas en los centros carcelarios para bloquear teléfonos celulares.
El Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia fue firmado el 15 de abril de 2009. Ante esto, el grupo garante presentó el primer informe, donde indican que entre los mayores déficits de cumplimiento del Acuerdo destaca el atraso en la creación de la Comisión Específica para la Reforma Policial, el estancamiento y retrocesos en el ámbito de la investigación criminal, los limitados pasos para crear el Ministerio de Seguridad Pública y el retraso en la definición de una Política Criminal del Estado de Guatemala.
«Preocupa que ya van más de nueve meses de la firma del acuerdo y son pocos los avances; principalmente estos avances han recaído en el Ejecutivo; los otros organismos de Estado han cumplido, pero también en una mínima parte», expresó Nery Rodenas, representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODAHG-.
Sin embargo, uno de los temas que preocupa al grupo garante es la elección del Fiscal General del Ministerio Público. El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Gálvez, habló sobre la elección del nuevo Fiscal General de la Nación. «Que se trate de fortalecer, que la impunidad tiene mucho que ver con la falta de investigación y tienen que escoger a la persona idónea para ese cargo», manifestó.
El G-4 está conformado por el Procurador de los Derechos Humanos, el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Arzobispo Metropolitano de Guatemala y el Presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, quienes indicaron que el balance de resultados no es coherente con la grave situación de seguridad.