Después de la decisión del gobierno del presidente ílvaro Colom, de aumentar en ciento por ciento el salario base de los trabajadores de la Contralorí­a General de Cuentas (CGC), mediante el Acuerdo Gubernativo No. 462-2011, publicado en el Diario Oficial el dí­a de ayer, que reforma el Acuerdo anterior, No. 235-2008, Reglamento del Plan Clasificación de Puestos y Administración de Salarios de la Contralorí­a General de Cuentas, las opiniones de expertos coinciden en que los resultados que hasta ahora ha mostrado la gestión de la contralora Norma Segura, son insatisfactorios como para que un incremento de esa naturaleza se lleve a cabo, en el que ella, a partir de enero próximo estarí­a devengando un salario base de Q70 mil.

En ese sentido, í‰dgar Balsells, ex ministro de Finanzas Públicas, manifiesta que “todas las entidades autónomas lo que tienen es un desorden salarial. No hay uniformidad. Cada entidad autónoma hace lo que se le da la gana”, además de existir “una gran dispersión entre el sueldo de ella (la Contralora) y los demás profesionales” que laboran para el sector público.

Balsells califica de “peligroso” el mencionado aumento, porque “no hay autoridad en la Contralorí­a más arriba de ella”, en referencia a Segura y, por tanto, serí­a una prebenda autorrecetada. Además, señala que lo mismo suele ocurrir con los magistrados del Organismo Judicial y en la Universidad de San Carlos, entre otros. “Todos son organismos que no están respondiendo a un criterio de coordinación del sector público”, concluyó.  

Marí­a Isabel Bonilla, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), manifiesta que “Más allá del aumento, deben analizarse las metas que se le están poniendo a la Contralora para justificar de una u otra forma el sueldo”, a lo que también agrega que no serí­a un simple aumento, pues lleva atado lo relacionado con las prestaciones que se le adicionan a un puesto como ese.

En cuanto a la disponibilidad de recursos para que el aumento se haga efectivo, Bonilla afirma que “si hay recursos que se le dé, pero habrí­a que atarlo a productividad” que es algo difí­cil de medir en el sector público.
 
Por aparte, la experta del CIEN expone que es necesario que todos los funcionarios públicos deben trabajar conforme a metas, y que deben existir indicadores de productividad de parte de éstos para ganar un aumento.

En relación a la consecución de los objetivos de la CGC, que es la fiscalización de los recursos públicos, Bonilla explica que todas las administraciones que han pasado por esa entidad, y que la actual no es la excepción,  se quejan de que no hay suficiente recurso humano y fí­sico para poder fiscalizar toda la administración pública, y lo que debe hacerse es maximizar el uso de los escasos recursos con que se cuenta para ampliar el rango de fiscalización.