Ante la ineficiencia del Estado en cuanto al tema de seguridad, resaltado en los últimos días por el asesinato de los cuatro salvadoreños, así como igual número de policías, sospechosos de este hecho, la sociedad civil se pronuncia ante estos hechos.
Activistas pro derechos humanos lamentan el asesinato de los cuatro policías, ya que el hecho evidencia la existencia de aparatos clandestinos de poder, dentro de la misma estructura del Estado.
Una de las voces que se pronunciaron ante Diario La Hora, fue Claudia Samayoa Pineda, activista de Fuerzas No Violentas por la Paz, el problema no es simplemente de paramilitares infiltrados en las filas de la PNC, es una clara evidencia de la débil estructura de servicios de seguridad interna en Guatemala.
Activistas de derechos humanos responsabilizan a los organismos del Estado, específicamente al Organismo Ejecutivo, aducen que se requiere de voluntad política y firmeza para enfrentar a estos grupos que operan al margen de la ley.
Edda Gaviola, directora ejecutiva del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, opinó que el sistema de seguridad del Estado requiere de profundas depuraciones de personal.
De acuerdo con Gaviola: «no se trata únicamente de eliminar a grupos militarizados, sino fomentar la persecución penal para dilucidar la responsabilidad de crímenes tan graves».
Uno de los puntos resaltantes para los activistas de derechos humanos, es que, cuando ocurrió la toma de Pavón, la sociedad civil no se indignó porque en ese hecho se haya quitado la vida de varios reos, que tenían el control de la granja penal.
Sin embargo, este hecho significa el «apoyo» de la población civil hacia las acciones del Estado contra supuestos delincuentes.
«La toma de Pavón en el año 2006 fue un claro ejemplo de violación de los derechos humanos por medio ejecuciones extrajudiciales de parte de la Policía Nacional Civil, con ello se dio la pauta para realizar actividades ilícitas en otros centros penitenciarios por parte de las autoridades», señaló la ya citada Samayoa Pineda, de Fuerzas No Violentas por la Paz.
Problemas profundos
Desde el 2003 se estableció una ley para abolir al Estado Mayor Presidencial y en los Acuerdos de Paz subscritos en 1996 se establece claramente que deben desaparecer todas las fuerzas militarizadas paralelas al poder civil.
Con mucha preocupación Iduvina Hernández, Directora Ejecutiva de Seguridad en Democracia Sedem, comentó la falta de interés por parte de las autoridades para reestructurar el sistema de seguridad ciudadana, «se tienen las herramientas para redireccionar la acción de PNC hacia el mantenimiento del Estado de Derecho, pero falta voluntad e interés».
Movimientos políticos
El 26 de febrero, Otto Pérez Molina, presidenciable por el Partido Patriota acusó directamente a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Gobernación de estar íntimamente conectados con grupos paramilitares que operan al servicio de intereses políticos.
Tanto la PNC como el Ministerio del Interior no han reaccionado a las acusaciones de Pérez Molina, en tanto el presidente de Guatemala, í“scar Berger responsabilizó al personal encargado de la seguridad de los presidiarios por su fallecimiento.
Hechos de hoy
La indignación social proseguía hoy, alcanzando la vergí¼enza niveles internacionales. En El Salvador, la estupefacción del asesinato de los cuatro policías era evidente. Por tal razón, la plana mayor del aparato de seguridad e investigación de El Salvador se trasladó hoy hacia Guatemala.
Varios fiscales del Ministerio Público, así como el Ministro de Gobernación y su séquito, agentes de la Policía Nacional Civil, encabezado por el jefe Rodrigo ívila, y delegados de grupos de derechos humanos del vecino país, arribaron hoy a Guatemala para reunirse con autoridades locales, para dar seguimiento a las investigaciones.
En Guatemala, las principales autoridades de seguridad recibirán a los salvadoreños; en primer lugar, será Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, quien se reunirá con las autoridades del vecino país.
También, tienen cita con el jefe del Sistema Penitenciario, Víctor Rosales, para que éste explique de qué forma se pudo dar el hecho del domingo, ya que es increíble que en una cárcel de alta seguridad se pueda dar un asesinato contra testigos claves del ataque contra los tres diputados salvadoreños.
Asimismo, las autoridades salvadoreñas se reunirán con ílvaro Matus, fiscal de Delitos contra la Vida, del Ministerio Público de Guatemala, para dar seguimiento a las investigaciones del asesinato de los tres diputados salvadoreños.