El presidente Otto Pérez Molina decidió disolver la Comisión de Belice perteneciente a la Cancillería de Guatemala, tras indagar en el papel que desempeñó dicha comisión en el Acuerdo Especial 2008, cuando no dio aviso al gobierno de los cambios en la ley electoral del vecino país.

El canciller Fernando Carrera dijo que será el ministerio de relaciones exteriores el encargado de establecer responsabilidades a las autoridades, aunque hizo la salvedad de “no son delitos penales”.

Pérez Molina ha propuesto integrar un grupo asesor de alto nivel que reemplace a la comisión que estaba integrada hasta la fecha por  Gustavo Orellana, Maritza Ruiz de Vielman, Efraín Aguilera, Alberto Sandoval, Roberto Letona, Rolando Palomo, Erick Sánchez y Franklin Cabrera. 

Por otra parte, “los nuevos miembros tendrían que ser gente conocedora. La comisión de Belice está pagando los platos rotos de un sistema diplomático muy frágil, los cambios nos hacen pensar que se está improvisando en el gobierno”, señala el analista Roberto Wagner.

Pérez Molina intenta replantear la estrategia internacional del caso Belice. En caso de que se intentara evitar realizar la consulta popular con un costo de Q260 millones, que determinará si el caso de Belice es llevado a la CIJ, “el problema es que la comisión ya utilizó dinero para dar a conocer la consulta”, indica Wagner.