Organizaciones sociales y el Consejo Ecuménico condenaron la violenta respuesta del Estado frente a la resistencia de las comunidades a la creación del Corredor Tecnológico en Jocotán, Chiquimula, adonde envió fuerzas policiales y militares para reprimir la protesta social. De esta forma se criminaliza la lucha de los pueblos, demostrando intereses propios y de instituciones transnacionales.
Vitalino Similox, del Consejo Ecuménico, dijo que «ante el envío de fuerzas policiales y militares a Jocotán, exigimos el respeto a los territorios y decisiones de las comunidades, ya que la militarización no puede ser una salida para la resolución de conflictos.»