Dirigentes campesinos y sindicalistas son las principales víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, secuestros, amenazas y otros actos represivos cometidos por las fuerzas de seguridad, según lo han denunciado activistas de derechos humanos.
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En el marco del Día Mundial de las Desapariciones Forzadas las denuncias de crímenes cometidos por las agencias de la seguridad pública salen a la luz pública.
De acuerdo con los estudios efectuados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, durante el conflicto armado interno se cometieron, aproximadamente 45 mil desapariciones forzadas.
Los hallazgos que resultaron de la investigación documental dan cuenta que la principal responsabilidad recae en los extintos cuerpos de la Policía Nacional y otras organizaciones gubernamentales que obtuvieron poder político durante los gobiernos militares, incluyendo también al Ejército Nacional.
Sin embargo, el flagelo de los secuestros cometidos con móviles políticos y actos represivos cometidos por el Estado todavía se realizan en la actualidad, señala Filiberto Celada, de la agrupación HIJOS.
En la mira
«Las intimidaciones y ejecuciones extrajudiciales realizadas por el Estado no son cosa del pasado como la mayoría de gente cree», dice Celada, argumentando que todavía se cometen actos violentos e intimidatorios en contra de dirigentes campesinos y sindicalistas.
Pese a que HIJOS focaliza su trabajo en favor del esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la guerra civil (1960-1996), denuncia que la represión contra grupos organizados persiste intensamente en las áreas rurales en el interior del país.
Como ejemplo, Celada cita los desalojos violentos que se han realizado en fincas privadas y en territorios que forman propiedad del gobierno, donde han acontecido muertes de decenas de personas.
Ineficiencia
La preocupación de los activistas de derechos humanos se centra en la persistencia de los actos violentos cometidos por el Estado, en consecuencia de la inoperatividad del Ministerio Público para investigar y acusar los responsables, así también del sistema de justicia para procesar a los culpables.
Cecil de León, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, considera que existen importantes esfuerzos y avances para esclarecer las condiciones de las desapariciones efectuadas en el pasado, entre ellas la iniciativa para crear la Comisión de Desaparición Forzada.
No obstante, reconoce que la ineficiencia de las entidades del Estado representa un tropiezo para los esfuerzos que se han realizado hasta la fecha.
«Necesitamos una Comisión para buscar a los desaparecidos, pero también es necesario un Ministerio Público que responda a las necesidades de una población afectada por la guerra, y no sólo busque la justicia para unos pocos», refirió.