Las organizaciones de la campaña Vamos al Grano señalan que la intervención de los ocho municipios priorizados por el programa Hambre Cero, reproducen el enfoque asistencialista de los programas de gobiernos anteriores, y aunque el programa, desde su plan, presenta acciones integradoras en su implementación, no atiende las causas estructurales de la problemática, lo que implica que las dificultades se mantengan.

Además indican que el Gobierno plantea retomar la política nacional de Desarrollo Rural Integral mediante el abordaje del impulso a la economía campesina a través de una reformulación que solamente se centra en el Ministerio de Agricultura, que no implica un cambio sustancial a lo que realizó el gobierno anterior.

Esta organización señala que el Gobierno no especifica cómo será el abordaje de la problemática que enfrentan las mujeres productoras en el área rural, y deja para después temáticas fundamentales, como acceso a tierra y acceso a recursos productivos.

Asimismo señalan que el denominado Plan para activar y adecuar la política de Desarrollo Rural Integral elaborado recientemente, pese a rescatar en su contenido el Acuerdo Gubernativo 196-2009 Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la misma carece de legitimación social, puesto que el acuerdo mencionado fue diseñado para abrir el camino a la iniciativa 4084 Ley de Desarrollo Rural  Integral, propuesta en un espacio amplio de participación, que son extensos y profundos en temas que ahora se descartan.

Por ello piden al Gobierno dejar de lado iniciativas asistencialistas y llevar a cabo programas de apoyo a la producción agrícola que incluyan medidas y mecanismos para mejorar las oportunidades de acceso a los recursos y la tierra de las mujeres rurales.

Que dichos proyectos deberán contemplar técnicas tradicionales que se acerquen más a una agricultura sostenible y que propicien la soberanía alimentaria. Además que se priorice a las economías campesinas, con especial atención a la mujer campesina y artesana.