La polémica en torno a las insuficiencias y las irregularidades comprobadas en la atribución o el desarrollo de grandes contratos militares en Estados Unidos no para de crecer.
Ayer, el Organismo de Control de las Cuentas Públicas de Estados Unidos (GAO), reveló que el proyecto de construcción del avión de combate Joint Strike Fighter (JSF) había registrado retrasos e incumplimientos en términos de costos.
«El costo total de adquisición del programa JSF (de aquí a 2027) aumentó 31.600 millones de dólares y el Pentágono pagará en lo sucesivo un 12% más por avión que lo previsto en 2004», afirma el GAO en un informe.
El miércoles, el servicio de guardacostas estadounidense retiró a Lockheed Martin y Northrop Grumman un contrato sobre el proceso de adquisición y desarrollo de 12 navíos rápidos.
La compra de estas embarcaciones será controlada en forma interna, precisa este cuerpo, dependiente del departamento de Seguridad Interior, en un comunicado.
Se trataba de un componente de uno de los contratos de armamento más importantes en la era post atentados del 11 de septiembre de 2001, el llamado ’Deepwater’, cuyo importe total se ha estimado en 24 mil millones de dólares.
A fines de diciembre, el diario New York Times detalló las insuficiencias aparecidas desde el lanzamiento, en junio de 2002, de este programa destinado a proteger las fronteras de eventuales ataques terroristas: cascos agrietados, motores averiados, defectos de diseño y equipos electrónicos insuficientemente estancos.
La construcción de las naves rápidas ya había sido suspendida por ser consideradas demasiado pesadas, muy poco económicas y con un sistema de propulsión que presentaba riesgos, agregaba el diario.
«Usted va a ver rápidamente cambios en la organización del sistema de adquisición de los guardacostas», advertía entonces el almirante Thad Allen, al mando del cuerpo.
Y a fines de febrero de 2007 fue otro gran programa militar el que encontró problemas: la producción por Boeing de 141 helicópteros de combate y de salvamento (CSAR) destinado a la fuerza aérea, por 10 mil millones de dólares.
El GAO hizo lugar a una demanda interpuesta por los competidores de Boeing, Sikorsky (por United Technologies) y Lockheed Martin, descontentos por la forma en que fueron estimadas las distintas propuestas.
«Recomendamos que la fuerza aérea enmiende su petición …, repita las discusiones con los competidores a la luz de estas conclusiones y que les pida hacer nuevas propuestas», concluyó el GAO, apelando de hecho a una reapertura de la licitación.
Estas complicaciones no son novedosas para la fuerza aérea, ya en el centro de una polémica respecto a la renovación de su flota de aviones de abastecimiento.
El contrato otorgado a Boeing fue luego anulado por irregularidades y ahora se encuentra bajo vigilancia del Congreso.