Grupos pro derechos humanos de Guatemala criticaron ayer la intención del gobierno de adquirir seis aviones y 10 lanchas rápidas brasileñas para combatir al narcotráfico y el crimen organizado porque, según ellos, evidencia una remilitarización del país.
Asimismo, estiman que el país contraería una deuda millonaria, pondría en peligro la seguridad social, como la educación, la salud y la alimentación, y generaría más pobreza, que ya afecta a más del 50% de los 13 millones de habitantes.
«Es un grave error el que está cometiendo el presidente, en el sentido que se estará endeudando al país y demuestra una remilitarización. Las Fuerzas Armadas se están fortaleciendo no sólo en equipo, sino en recursos económicos», dijo el director del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo, Mario Polanco.
El presidente ílvaro Colom anunció el lunes, tras su visita de tres días a Brasil, la posibilidad de comprar antes de mayo próximo al menos seis aviones de patrullaje y 10 lanchas rápidas brasileñas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
«Las aeronaves representan un costo bajo de operación y pueden volar a baja altura. Son puramente para patrullajes. De las lanchas rápidas se ubicarán seis en las costas del Pacífico (sur) y cuatro más en las del Atlántico (noreste)», detalló el mandatario.
Polanco considera que esta iniciativa del presidente Colom podría estar influenciada por Estados Unidos, que ha manifestado su preocupación por la falta de combate al narcotráfico internacional en el país centroamericano por donde se trasiegan, según la sede diplomática estadounidense, más de 300 toneladas anuales de cocaína.
El activista de la entidad, integrada por detenidos-desaparecidos durante los 36 años de guerra que vivió este país (1960-1996), afirmó que este martes el Congreso guatemalteco comenzará a conocer un préstamo de 100 millones de dólares para el Ejército.
Los fondos, según Polanco, servirían para inyectarlos al Instituto Militar de Previsión (IMP), el cual sufrió un desfalco de unos 200 millones durante la administración del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004).
Por su parte, Carmen Aída Ibarra, activista de la Fundación Mirna Mack, dijo a la AFP que el gobierno «tiene la obligación de invertir en seguridad tanto interna como externa», pero sin que ello signifique una «remilitarización y sin perjudicar la inversión social».
«Hay que revistar muchos rubros, el Congreso tiene la obligación de revisar los gastos que realiza el Ejército, porque no es posible que un Ejército salga tan caro en tiempos de paz», afirmó.
«La seguridad pública es importante, hay que combatir la violencia común y la violencia organizada porque son una amenaza para el Estado, pero la seguridad alimentaria tiene que ser el rubro central», puntualizó.