Un día después de que la vicepresidenta, Roxana Baldetti, entregara la última remuneración de Q1.3 millones a miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (exPAC) por sus servicios durante el conflicto armado interno (1960-1996),

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), dijo no estar de acuerdo con el pago bajo los términos en que se hizo, pues asegura que no debió resarcirles por sus servicios.

Esto porque se obligó a la gente a involucrarse en el conflicto y a ser colaborador del Ejército, lo que considera clara violación a los derechos humanos.

“Estas personas son víctimas de la política contrainsurgente y represiva del Estado”, puntualizó. “Este grupo merece ser compensado, pero no por sus servicios, ya que ejercieron violencia contra sus comunidades, pero sí por haber sido obligados”.

A decir de Sandino, la percepción de la sociedad de este grupo es variada, dado que en algunos lugares ejercieron acciones violentas contra sus propias comunidades, en otros funcionaron como grupos de seguridad y otros fueron aliados de la guerrilla aun si su deber era todo lo contrario.

De acuerdo con Cristhians Castillo, analista político, este pago se ofreció desde el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), en el que se hizo la primera retribución, luego los gobiernos siguientes se encargaron de hacer lo mismo, hasta la administración pasada.

Álvaro Colom cambió el pago por resarcimiento por su contribución en la plantación de varios tipos de árboles a través del  programa Bosques y Agua para la Concordia, del Ministerio de Agricultura.