El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales presentó un análisis en donde indica que la negociación de pactos colectivos, aunque están establecidos legalmente en el Código de Trabajo

en las últimas administraciones de gobierno se ha distorsionado para favorecer intereses sectoriales y no ha representado beneficio para la población en el acceso de servicios básicos como salud y educación.

Según el CIEN, en el actual gobierno la suscripción de pactos colectivos con entes gremiales han dado espacio al clientelismo, la corrupción y al daño de las finanzas públicas del país.