«El Tribunal Supremo Electoral (TSE) arriesga la imparcialidad de las próximas elecciones generales 2007», afirmó Orlando Blanco, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).
Blanco sostiene que el nombramiento de personas como Miguel íscoli y Salvador Biguria en las juntas electorales no es pertinente, ya que poseen pruebas que los señalan como allegados al partido de Gobierno.
En su análisis, el CIIDH también denuncia la incapacidad del TSE para detener la campaña política electoral que inició con bastante tiempo de anticipación, así como para fiscalizar los fondos que manejan los partidos políticos en sus campañas.
Uno de los señalamientos más contundentes es la innecesaria y desgastante convocatoria a elecciones de diputados al Parlamento Centroamericano, que más tarde fueron revocadas por dicha entidad.