Miembros de organizaciones ambientalistas como CALAS y Madre Selva, expusieron que la falta de una legislación que permita la realización de consultas populares, ha sido la principal causa de la conflictividad social existente en torno a la minería.

Rafael Maldonado de CALAS explicó que a través de un “estado de Sitio” no se podrá establecer el orden social y que la solución debería ser realizar una ley de minerías incluyente y que no solo beneficie a las empresas mineras. 

Por aparte Julio González, indicó que la legislación existente, la cual calificó como “perversa”, no busca el desarrollo económico como se dice, sino que pretende beneficiar solo a las empresas mineras.