El amparo otorgado por la CC a militares retirados quienes se encontraban acusados por delitos de genocidio, desapariciones, entre otros, provocó conmoción en la sociedad civil, Organizaciones de Derechos Humanos y denunciantes indicaron que con dicho fallo, el Estado, por medio de la CC, no garantiza el acceso a la justicia para los miles de ví­ctimas y familiares de la represión en gobiernos militares.

La Corte de Constitucionalidad otorgó en definitiva un amparo a un ex militar que permanecí­a en prisión, íngel Anibal Guevara; y otro que se hallaba prófugo de la justicia, Pedro Garcí­a Arredondo. No obstante, la misma resolución favorece a tres altos militares de gobierno y a dos civiles implicados en los delitos referidos.

La reacción de denunciantes y activistas no se hizo esperar. Helen Mack, representante de la Fundación Myrna Mack, comentó que en Guatemala existe una «polí­tica» que vela porque las violaciones a los derechos humanos se queden en la impunidad.

«Durante mucho tiempo se ha luchado para que la justicia sea igual para todos pero no se ha conseguido. Siempre que se pretende buscar una justicia para violaciones a los derechos humanos, se favorece a ciertas gentes», añadió la entrevistada.

El Estado y la justicia

Para Mack, en el paí­s no ha existido una intención de castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, lo cual tiene un agravante ya que «continúa despúes, porque se va degenerando, con cualquier otra clase de delitos».

Estuardo Galeano, abogado del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), consideró en ese sentido que en Guatemala existe un deficit en el tema de justicia.

El entrevistado comparó el caso de Guatemala con los avances que ha tenido el proceso que se abrió en Perú en contra del ex presidente Alberto Fujimori, el cual está siendo juzgado por el caso de Barrios Altos, el cual es un caso por desaparicion forzada.

Galeano, coincidió con que el fallo emtido el pasado viernes por la CC es de carácrer polí­tico y añadió: «lo que se necesita es que exista una voluntad polí­tica y certeza por parte del Organismo Judicial, para que fallen apegados a derecho y sin temor a represalias polí­ticas o a perder ciertas prevendas que los favorecen» y agregó: «hace falta que llegue gente con valor a resolver esos casos».

Desde la CSJ

í“scar Humberto Vásquez Oliva, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no emitió ninguna opinión al respecto. «Hay que tomar en consideración que es una decición de la CC y la CSJ no tiene ninguna injerencia para emitir una opinión».

Vásquez subrayó: «no es atribución del presidente de la CSJ sino de las personas afectadas por esos hechos», refiriéndose a ¿cómo debe responder el Estado en cuanto a garantizar el derecho a la justicia?

«Es un derecho que tienen los ciudadanos de pedir medidias o sanciones contra las personas que ellos consideren que han violado los derechos humanos, pero nosotros no podemos intervenir de oficio en esas situaciones», dijo finalmente.

Caso en España

Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, declaró: «hay que tener claro que el proceso se inicia en España se usan los procedimientos de la legilacion española, los cuales tienen su propio ritmo, y allá (España), el proceso se encuentra en su fase de instrucción y es llevado por el Juez Santiago Pedraz.

El jurista explicó que en el paí­s europeo el caso se sigue ventilando y «no se cierra por el fallo de la CC en el paí­s», y que por el contrario, «lo que hace es demostrar a la justicia española y del mundo que este tipo de temas estan vedados en Guatemala. El Estado a través de la CC demuestra que no van a juzgarlos», subrayó.

Desde España se podrí­a solicitar nuevamente la captura de los imputados y Guatemala tendrí­a que explicar, por qué la deniega, en caso que así­ sea.