El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) criticó la acción del Gobierno, que sigue empeñado en destruir el patrimonio natural del Estado, ahora por la instalación de una empresa de gas licuado de petróleo en la reserva natural Punta de Manabique, Izabal, al norte del país, en la región del Caribe.
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Las acciones enemigas del ambiente, que han ido pasando por la minería y la contaminación del agua, la Franja Transversal del Norte que atenta contra la laguna de Lachuá, y ahora el Gobierno quiere permitir la instalación de una empresa ligada a uno de sus principales financistas, enfatizaron Pedro Rafael Maldonado de CALAS y Aníbal García, diputado independiente.
El parlamentario García critica que el Gobierno está permitiendo que los empresarios devoren los recursos del Estado mientras el Presidente de la República está cediendo a favores políticos, siendo el ejemplo actual la utilización del avión presidencial (de Tomza), que calificó como tráfico de influencias a cambio de esa clase de actividades económicas «cediendo a favores políticos».
Pedro Rafael Maldonado alertó el gran temor que despertó entre los ambientalistas el riesgo que implicaría colocar las grandes bombas y depósitos de gas en Punta de Manabique, porque está en peligro la desaparición de especies como el tigre, el manatí y loros cabeza amarilla, además de la flora de la región.