Santiago Nájera, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, y miembro de la bancada oficial, admitió que la Ley de Armas y Municiones, aprobada ayer por la noche, mantendrá privilegios ilimitados para funcionarios y ex funcionarios, en la adquisición de armas y compra de municiones.
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Durante una conferencia de prensa, César del íguila, jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), manifestó que debido a su «liderazgo», la citada ley fue aprobada, empero, la misma, finalmente permitirá, por medio del artículo 74, el privilegio para diputados, otros funcionarios y ex funcionarios, la portación de armas por razón del cargo.
Según del íguila, los ex funcionarios únicamente deberán solicitar una constancia en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), o en el mismo parlamento (en el caso de los diputados y ex diputados), que les acredite como personas que ejercieron o ejercen algún cargo público, para poder optar a la tenencia de armas de fuego.
El parlamentario indicó que esta disposición podría quedar regulada en el reglamento de la citada ley, que fue aprobada luego de ocho años de discusión e intentos frustrados.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Gobernación, los diputados, otros funcionarios y ex funcionarios, «tendrán la cantidad de armas que ellos estimen».
CEDER
Según Nájera, el resultado de las leyes es un cúmulo de consensos; sin embargo, admitió que los diputados tuvieron que «ceder» en algunos puntos para que la ley fuese aprobada.
«Â¿Qué es más importante, ceder en una parte o no tener ley? (…) hay un momento en que el diputado está en el filo de la navaja, o cede en algo o no hay ley», refirió, Nájera.
«VULNERA AVANCES»
A criterio de Claudia Samayoa, de la Convergencia por los Derechos Humanos, que la nueva Ley de Armas y Municiones admita privilegios para funcionarios y ex funcionarios, vulnera los avances que se han tenido, en el marcaje, regulación de la compra y venta, regulación de la tenencia general; empero, advirtió que la misma no debe «deslegitimar los mismos en su conjunto».
«Que no todos los ciudadanos estemos bajo las mismas reglas trae un doble rasero, (…) estamos mandando un mensaje de que habrá dos grupos de personas armados hasta los dientes: los delincuentes y los funcionarios», señaló.
Por su parte, Marco Antonio Canteo, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), es positivo que se tenga la ley, pese a que no fue más restrictiva como se hubiese esperado.
No obstante, estimó que se debe tener mucho cuidado para que la situación no desborde en arbitrariedades, en el uso y tenencia de armas de fuego.
«A esta altura no se puede hablar de errores, es claro que lo que se quería era tener a un sector con estos privilegios; esta decisión no fue de la noche a la mañana», apuntó Canteo.