Recientemente se pidió una moratoria en el proceso de negociación entre Centroamérica y la Unión Europea, aduciendo que los gobiernos de la región no tienen una estrategia conjunta que les permita defender de manera adecuada los intereses de los diferentes sectores de la región.

Según un estudio elaborado por la Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA, por sus siglas en inglés), en las condiciones actuales de negociación que se tienen entre Centroamérica y la Unión Europea para un Acuerdo de Negociación, podrí­a terminarse favoreciendo procesos de acumulación transnacional y de una creciente influencia de los grupos empresariales, en sociedades cada más desiguales y violentamente fragmentadas.

De acuerdo con el resumen ejecutivo de la investigación, «existe una indefinición clara de mecanismos por parte de los gobiernos para garantizar la participación efectiva de los diversos actores sociales».

Instancias sociales de integración centroamericana como el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Sistema de Integración Centroamericana (CC-SICA), han insistido en que la modalidad de las negociaciones de «cuarto adjunto», es una modalidad «inaceptable», para negociaciones de tal importancia.

Según CIFCA, se han propuesto esquemas de sistemas combinados, para ampliar la participación de sectores sociales en foros públicos con espacios consultivos. Asimismo, se planteó la formación de comités consultivos mixtos.

«Hasta el momento la indefinición de los gobiernos presenta un peligroso antecedente para el inicio de estas negociaciones», reza el documento.

Sectores afectados

La inexistencia de estudios de impacto ambiental pondrí­a en riesgo a sectores altamente vulnerables como: comunidades afrodescendientes, indí­genas, mujeres y jóvenes, trabajadores informales y los derechos humanos, advierte el informe.

También señala la concentración de problemas derivados de las polí­ticas de liberación que afectarí­an primordialmente a las pymes, la agricultura y la pesca.

Servicios estratégicos para los paí­ses, como electricidad, banca, telecomunicaciones, la salud y la educación «avanzan en procesos de privatización a manos de grupos de poder empresarial local y grandes corporaciones», lo que, según CIFCA, afectarí­a las posibilidades de acceso, las tarifas de los servicios básicos para la industria y la población.

En el estudio llama la atención particular el tema del recurso acuí­fero «por la enorme sensibilidad que tiene en la región y los conflictos que ya se presentan en algunos paí­ses como Honduras, Costa Rica y Nicaragua. (…) podrí­a traer consecuencias lamentables para la biodiversidad, la salud y el acceso al agua potable».