La lentitud que ha mostrado el Congreso de la República en aprobar leyes referentes a seguridad y justicia enví­a un mensaje de poca voluntad polí­tica, estiman activistas.

El retraso de la vigencia de la ley que le da vida al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el paquete de la iniciativas que versan sobre seguridad y justicia y el rechazo que han mostrado algunas bancadas ante la posibilidad de aprobar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) son los principales señalamientos.

Eleonor Muralles, directora de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fades) enfatizó que el Organismo Legislativo debe aprobar las normativas en mención; el no hacerlo evidencia un trabajo que no es destinado a velar por la seguridad ciudadana, afirmó.

Asimismo, la activista argumentó que son los diputados quienes deben dar una respuesta a las necesidades de la ciudadaní­a. Para Muralles los motivos que pueden obstaculizar los proyectos en materia de seguridad desnuda la infiltración de los grupos clandestinos en las instituciones estatales.

Al respecto se refirió Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, recalcando la urgencia de la aprobación de la CICIG, no se puede tolerar los altos í­ndices de impunidad que se manejan en la sociedad guatemalteca, aseguró.

Las activistas solicitaron una resolución pronta de estas necesidades a los integrantes del Congreso.