Jueces, fiscales y juristas de España arremetieron hoy contra el gobierno conservador de Mariano Rajoy por el recorte de la Justicia Universal que el martes inició su tramitación parlamentaria y en dos meses obligará al archivo de una decena de causas de lesa humanidad abiertas en la Audiencia Nacional.
«Se trata de una sonrojante renuncia a la defensa de los derechos humanos que se canjea por determinados intereses económicos», aseguró la asociación Jueces para la Democracia, en la que se agrupan magistrados progresistas de España.
Su portavoz, Joaquim Bosch, ponía así el acento en las presiones de China al gobierno español por la causa abierta en la Audiencia Nacional contra cinco ex altos cargos del país comunista, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin, por genocidio en el Tíbet en las décadas de los 80 y 90.
El tribunal emitió órdenes de busca y captura contra ellos el lunes, un día antes de que el Congreso de los Diputados iniciara gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) de Rajoy la reforma que prácticamente eliminará la aplicación del principio de Justicia Universal en España.
Esta, tal y como está concebida hasta ahora, «ha dado una gran calidad a la justicia en España y el futuro no sabemos que nos va a deparar», manifestó hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.
«Es intolerable y contraria no solo al derecho internacional, sino a la Constitución española», criticó Manuel Ollé, abogado especialista en derecho penal internacional y derechos humanos y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe).
«Esa reforma jamás se debe producir», dijo, antes de asegurar que si sale adelante podrá pararse en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El PP quiere «tirar abajo» por intereses políticos «y muy especialmente por intereses económicos», aseguro Ollé, «la mayor contribución de España y de la Audiencia Nacional a la defensa de los derechos humanos en los quince o veinte últimos».
Justo hoy el abogado acudía a la Audiencia Nacional en el marco de una de las causas abiertas por delitos de lesa humanidad bajo la aplicación del principio de Justicia Universal, el de genocidio en le Sahara Occidental, un proceso que afecta entre otros al ex ministro del Interior de Marruecos Driss Basri y a militares.
La Unión Progresista de Fiscales denunció que la reforma lleva a una «impunidad de consecuencias impredecibles», sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de una restricción en un asunto cualquiera, sino en la persecución de «los crímenes más atroces que se conocen».