Ante la elección de los 13 magistrados que a partir del mes de octubre integrarán la Corte Suprema de Justicia se ha producido inconformidad. El manifestarse es un derecho y el efectivamente poder hacerlo es la evidencia que en Guatemala parte de los sectores activos que están evolucionando. Hace menos de 30 años, en el gobierno del general Romeo Lucas García esta crítica hubiera sido imposible. Históricamente consta que en su discurso de toma de posesión, un Presidente de la Corte Suprema de Justicia le agradeció al Presidente su apoyo y su confianza para  ser electo.
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Jorge Serrano Elías se permitió destituir a la totalidad de la Corte y elegir a quienes los sustituyeran.
En el gobierno de ílvaro Arzú, la diputada entonces del PAN y hoy del Partido Patriota, Anabella de León, y el ex diputado, ex magistrado de la CSJ y ex Ministro de Gobernación durante el gobierno de í“scar Berger, Arturo Soto, negociaron para elegir una Corte ad hoc. Gracias a ello fue que al sindicársele a í“scar Berger de ilegalidades e irregularidades y anomalías en la compra de los autobuses para una empresa municipal, llamados «tomates», uno de los incondicionales magistrados de ese momento logró que la acusación se abortara con el argumento que previamente debía agotarse la instancia administrativa. Tampoco es un secreto que en lo personal se obligó, a que se produjese la apertura y la viabilidad de la denuncia que hiciera el Ministro de Salud, Marco Tulio Sosa Ramírez en mi contra, a pesar que como le consta a muchos abogados e incluso se ha manifestado en la prensa, no existía fundamento para acusarme de una imposible pretensión de apropiación de un terreno propiedad del Patronato Antialcohólico sobre el cual nunca tuve hipoteca, prenda o acción que permitiera justificar esa infundada acusación.
Durante el gobierno de í“scar Berger nuevamente hubo diferentes cabildeos de los grupos que activamente buscaban obtener influencia y participación en la elección de magistrados de la CSJ y de Corte de Apelaciones.
Evidenciando la evolución de la sociedad guatemalteca, en esta oportunidad se logró la aprobación e implementación de una ley que reglamentara el procedimiento y el actuar  así como el elegir de quienes integrarían las comisiones de Postulación. Esto fue un avance, pero también requirió diferentes amparos como el que presentara Hugo Maúl para que en el Colegio de Abogados se respetara la ley de minorías y se le permitiera ser parte de la Comisión de Postulación respectiva.
Las Comisiones de Postulación elevaron las listas que de conformidad con nuestra Constitución deben presentar al Congreso para que, obligadamente, dentro de las mismas, el Congreso elija. Este a su vez debe hacer el mayor esfuerzo para escoger las mejores alternativas dentro de la lista propuesta y para que no existan dudas, el ideal es razonar el voto y así dejar claro el actuar de cada uno de los diputados. Esto no impedirá la crítica, pero sí le permitirá a todos los guatemaltecos comprender, aceptar o rechazar el voto del diputado que ellos eligieron como su representante distrital o nacional.
En lo personal no estoy satisfecho con la totalidad de quienes fueron electos, considero que la licenciada Yolanda Pérez Ruiz, sin duda de ninguna especie, debió ser una de las integrantes de la nueva CSJ. También, por las referencias que siempre tuve a través de su esposo el licenciado Juan Francisco Alfaro y de varios colegas que litigan, si yo hubiera estado en funciones de diputado hubiera votado a favor de la licenciada Telma del Cid para que integrara la Corte.
Continuará.