La acción de hecho de EPA de tomar las instalaciones universitarias, dentro del concepto de lucha o resistencia pacífica asumida por Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela, plantea esta pregunta a la comunidad universitaria. De hecho, implica un problema de dimensiones más nacionales y trascendentales: la CC no da cuentas de sus actos a nadie. Actúa como superpoder, con el objetivo de ponerle candado a la Constitución redactada bajo tutela militar en 1985.
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Menciono dos ejemplos. La Constitución afirma que los líderes de golpes de Estado no pueden ser candidatos a la presidencia de la República. No obstante, la CC, presionada por el «martes negro» de 2003 y/o en componendas con Portillo, autorizó a Ríos Montt a ser candidato. ¿Hubo algún intento de rebatir esta decisión? No, la CC violó la Constitución con total impunidad. La Constitución actual dicta que los parientes del Presidente de la República dentro de cierto grado de consanguinidad y de afinidad no pueden ser candidatos a la presidencia. Hay muchos, sin embargo, que piensan «convencer» a la CC de que la esposa del presidente Colom puede participar como candidata en las próximas elecciones. La decisión sería política y no jurídica.
El caso de la Usac. Los catedráticos de Agronomía que presentaron el amparo ante las elecciones de Vocal I y II de la Facultad no violaron la autonomía; simplemente usaron el derecho de petición. Lo que sí hicieron fue pasarse por encima del requisito legal de «agotar los recursos internos», es decir, reclamar ante el CSU, antes de acudir a la CC. Lo que ésta debió haber hecho fue dictaminar que el caso volviese a la universidad, para que las autoridades pertinentes resolvieran. Apoyándose, sin embargo, en un principio de «igualdad», que no existe en la legislación universitaria ni en la legislación nacional, salvo como enunciado de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, la CC dictaminó en forma arbitraria y por encima de sus atribuciones. Al decretar como inválida una elección que se había efectuado de conformidad con la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Usac, la CC realizó un primer acto de violación de la autonomía universitaria.
Todavía peor, al modificar el artículo de la Ley Orgánica que sirvió por más de 60 años para elegir a los Vocales I y II de Junta Directiva, la CC se entrometió directamente en las atribuciones del Congreso de la República, que es el único que puede reformar la Ley Orgánica de la Universidad. Más crítico aún, lo hizo sin el consentimiento de la Usac, que, de acuerdo con la Constitución, es «una institución autónoma» que «se rige por su Ley Orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita» (Art. 82). Aun en el caso de que la CC pudiese considerar que el artículo de la Ley Orgánica debiese ser modificado, lo único que le correspondía era emitir ese dictamen y pedir al CSU y al Congreso que procedieran a modificarlo. En el momento en que la CC dice cómo hay que elegir a los vocales, ignorando la práctica consuetudinaria, los derechos adquiridos por los estudiantes y el equilibrio en el gobierno universitario, viola la autonomía universitaria y, por ende, viola la Constitución. No es tiempo ya de decir: ¡Basta ya!