Crisis universitaria (IV): Responsabilidad del Estado


Ante nubarrones en la Usac, ya sea violencia del Estado mediante fuerzas de seguridad o de grupos que adversan a EPA, escribí­ ayer una carta al Presidente y Vicepresidente de la República, con copia al Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Consejo Superior Universitario y universitarios interesados, para destacar la responsabilidad del Estado en la solución de la crisis.

Ing. Raúl Molina Mejía
rmolina20@hotmail.com

Digo: «Me dirijo al ingeniero ílvaro Colom, graduado de la Facultad de Ingenierí­a y ex alumno mí­o … y al doctor Rafael Espada, graduado de la Facultad de Medicina, para que contribuyan a que la crisis no se profundice y se encuentre una solución dialogada y negociada a la misma. La esencia del movimiento estudiantil de los Estudiantes por la Autonomí­a (EPA) es, justamente…llevar a la práctica lo que todos los profesionales nos comprometimos a hacer con el juramento de nuestra graduación: defender la autonomí­a universitaria».

Afirmo: «Algunos sectores enquistados en la universidad…pretenden ahora recurrir a los tribunales de justicia para lograr el desalojo violento de los estudiantes que han ocupado las instalaciones universitarias… Esto nos hace recordar la manipulación de las fuerzas de seguridad…que llevó a la masacre de la Embajada de España en enero de 1980. La práctica del «uso de la ley» y la acción de las fuerzas policiales y del ejército para el desalojo violento de personas…han venido agobiando a los campesinos, trabajadores y pobladores de nuestro paí­s a lo largo de la historia…; pero extender la práctica al sector universitario puede conducir a una crisis que rebalse los linderos universitarios».

Insto al Presidente y Vicepresidente a actuar: «En primer lugar, deben manifestar su rechazo a la violencia y evitar que las fuerzas de seguridad se vean envueltas en un desalojo violento. En segundo lugar, sin interferir en las potestades de los otros Poderes del Estado…la Presidencia y Vicepresidencia, con el auxilio del Reconciliador Nacional…Quezada Toruño, deben mediar ante los actores en la crisis, que incluyen al Consejo Superior Universitario y EPA… y al Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad…para encontrar la salida apropiada a la crisis».

Concluyo: «A mi juicio, la Corte Suprema de Justicia debiera instruir a todos los tribunales para no decretar acciones de desalojo en tanto se realice un diálogo constructivo y efectivo…La Corte de Constitucionalidad, que generó el problema con un dictamen contrario a la Constitución y al derecho…y que esperó más de dos años para aducir desacato del CSU…, puede, como mí­nimo…dejar sin efecto su dictamen y reabrir la discusión del tema o alargar el perí­odo para la ejecución del desacato, para permitir que la USAC, en ejercicio de su autonomí­a, decida un nuevo proceso de elección de autoridades, y, en uso de su privilegio de tener iniciativa de ley, presente su propuesta al Congreso de la República. Al Congreso de la República le corresponderá aprobar, como asunto de urgencia nacional, la modificación propuesta por la Usac a su Ley Orgánica. Solamente entonces se podrá convocar a elecciones de autoridades universitarias dentro del marco constitucional y jurí­dico del paí­s». ¡Hoy, todos somos EPA!