Hay quienes dicen que Guatemala siempre ha sido corrupta, y probablemente tengan razón, pues al conocer la Historia patria, conocemos muchísimos actos que así lo demuestran. Y a partir de su aceptación y cierto nivel de su existencia, el país no se ha derrumbado, pero sí deformado de manera inaceptable.

Hay muchas formas de corrupción en las instituciones y la vida política; las más tradicionales son el “clientelismo” (práctica de atender a los amigos y a los amigos de los amigos, nombrándolos para ejercer funciones públicas) el intercambio de favores y el patrimonialismo, es decir, “dar para recibir” en especie (inmuebles o transacciones dinerarias), lo anterior supone que un sistema político y administrativo asentado en esas prácticas manifiesta desdén por la ley y permite conductas calificadas como corrupción.

    Poco a poco tales procedimientos hacen que la burocracia no responda con el mérito y profesionalismo que se debe en las diferentes áreas del sector gubernamental, pues con el aumento de gratificaciones y desvío de recursos se limita, niega o desfavorece a los sectores necesitados de la acción estatal.

    Con el desarrollo del capitalismo y la presencia ubicua de los gobiernos en la vida económica, las oportunidades de negocios caracterizadas por decisiones dependientes del poder público se amplían de forma considerable y las presiones políticas pasan del simple favoritismo hacia el “negocismo” pues por todas partes hay contratos para ser firmados con entidades públicas y municipales.

    Los apoyos políticos dependerán del apetito voraz de sectores partidarios que solo colaborarán si están “aceitados” con el control de partes del gobierno que permitan tomar decisiones lo que implica que la corrupción está en el engranaje del poder y hasta podría ser que en un futuro cercano, ésta sea condición de gobernabilidad, es decir, que se tenga la disponibilidad del bolígrafo para firmar órdenes de servicio y contratos importantes.

    No es casualidad que el pueblo de Guatemala no quiera más corrupción en el Estado, pues ya suficiente tuvo con los escándalos del gobierno pasado y ahora también con el gobierno patriota con la destitución temprana del jefe de Tránsito, del exviceministro de Cultura y Deportes, la negativa a ser fiscalizado el Registro de la Propiedad y en otros organismos del Estado que son del dominio público, la decepción popular va creciendo.

    Al principio, son moralizadores, pero después se sumergen en lo que pretendían combatir y los políticos no escapan a las tentaciones de mantener el poder al precio que se les cobre, con dinero del Estado mismo por supuesto; pues al convivir con los corruptos conocidos, dueños del país que se creen impolutos y son celebrados en fiestas elegantes, se pierde el objetivo social y queda un desánimo en los que ahora se sienten traicionados y les creyeron (el sector de la clase media con la reforma tributaria actual).