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Ante lo cual analistas opinan que de nuevo sale a luz un “doble discurso” de parte del sector autodenominado “libertario”, que por una parte reniega del papel del Estado y busca reducirlo al “mínimo”, pero por otro lado acude a él en momentos de crisis.  

El poder económico tradicional de Guatemala, que sigue vigente, se ha caracterizado por una incongruencia que en la práctica se ha convertido en un elemento vital del poder económico, que por un lado busca potenciar las actividades privadas del sector privado y por otro lado trata de apelar al Estado en momentos de crisis, señala Renzo Rosal, director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar.

El sector privado busca que el Estado sea “mínimo” o se reduzca a un papel regulador, pero en la práctica termina pidiéndole apoyo cuando la envergadura de la crisis o el tamaño de los financiamientos que se necesitan escapan a su capacidad de aportar, indicó. 

En el caso de la enfermedad de la roya del café ha sido la constante apelar al Estado para conseguir el financiamiento necesario para el combate del hongo, que incluso se creó una entidad dentro del Ministerio de Agricultura –CIPREDA– responsable de los fondos de emergencia para la prevención de la roya, indicó Rosal.

Los cafetaleros, considera el experto, son el núcleo duro de la Cámara del Agro y la Cámara del Agro es el núcleo duro del sector empresarial, que siempre ha tenido esa dualidad de definición respecto al Estado, que a su criterio debe estar al margen de sus actividades, “pero cuando necesitan fondos, ahí sí necesitan un Estado fuerte” acomodado a las demandas de ese sector, que es tradicionalmente beneficiado con políticas públicas.

Según Rosal, Anacafé se está anclando, ya no en el apoyo a los grandes cafetaleros sino en los pequeños y medianos cafetaleros, para sonar más a tono con el desarrollo rural o que estos apoyos van a beneficiar incluso a los productores rurales, no necesariamente a los cafetaleros de siempre, indicó.

COSTOS SON MUY ALTOS
Neil Leporowski, presidente de Anacafé, señaló que si bien se buscó apoyo gubernamental para la ampliación del fideicomiso, este sería principalmente para los pequeños productores. La vicepresidenta Roxana Baldetti se comprometió con la entidad a que el Gobierno apoyará únicamente a los pequeños productores, que generan aproximadamente el 45 por ciento de la cosecha nacional de café. Muchos de estos productores surten a grandes exportadores.

Leporowski indicó que la Vicemandataria también ofreció que se ampliaría el plazo de fideicomiso del café hasta 2026 y que los intereses de los préstamos del fideicomiso bajen del 7 al 2 por ciento, con lo cual se beneficiará a los grandes y medianos productores; la ampliación del fideicomiso se pidió para fumigar el parque cafetero, necesario para mantener los empleos y la producción.

Sobre críticas del apoyo que el Estado dará a los grandes productores, Leporowski indicó que “en cierto punto tienen razón” y que “el problema aquí es que estamos en un círculo vicioso, los productores que están fumigando sus plantaciones, si el vecino no fumigó, le está pasando el inóculo a la plantación vecina, no se está controlando la epidemia”, señaló.

De acuerdo con el presidente de Anacafé, esto puede tener un efecto dominó. “Los que no fumigan van a empezar a contaminar a los que están fumigando y son los que no van a aguantar con los costos; es por este caso que sí se necesitaba que todos fumigaran”, dijo.

Leporowski planteó el ejemplo de Colombia, en donde el Gobierno ayudó a los caficultores en el combate de la roya, que es lo que está ocurriendo en Guatemala. “Todos tenemos que fumigar; este año hubo productores que fumigaron hasta cinco veces y esto es un costo demasiado caro que podría llevarlos hasta la quiebra porque no van a poder sostenerse en el tiempo”, informó.

Es por eso que se está pidiendo apoyo al Estado, justificó; “la crítica es válida, pero desgraciadamente lo miramos como una necesidad”, agregó el directivo.

Según Leporowski, el problema de la roya no se trata solo de un problema económico, sino social, debido a la pérdida de empleos. Según el entrevistado, unas 100 mil plazas se perdieron. 

PIDEN APOYO DEL ESTADO
Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), expresó que “sorprende” que el Estado se haya reunido con los grandes productores y no conceda audiencia a los pequeños, ya que han solicitado una reunión con el Ministro de Agricultura, pero no se ha podido concretarla.

Campesinos organizados en el CCDA, con sede en San Lucas Tolimán, Sololá, producen café orgánico que a través del llamado “mercado justo” exportan a países como Europa y Canadá y que constituye su principal fuente de ingresos; a ellos, la roya les ha producido  pérdidas de hasta un 40 por ciento de sus cosechas.

“Los pequeños caficultores nunca hemos tenido el apoyo del Estado y la roya afecta social y económicamente a los pequeños productores; hemos cuantificado pérdidas enormes y más del 40 por ciento de nuestras cosechas se perdieron”, señaló Juracán.

La roya hace que las plantas de café pierdan sus hojas y se seque, tras lo cual ya no madura y se seca, y de esa manera el café ya no se puede vender.

Juracán también criticó la actitud del sector privado, que se opuso a la aprobación de Ley de Desarrollo Rural: “Es incoherente que cuando ocurre un desastre de este tipo los empresarios pidan el apoyo del Estado mientras que se opusieron a una iniciativa de ley que va precisamente a abordar este tipo de problemas”. “Es una contradicción”, anotó.

Santiago Molina, presidente de la Cámara del Agro, manifestó que la roya es una enfermedad que afecta principalmente a pequeños productores de café “que en este país son muchos”. Si  los pequeños y medianos productores no tienen ningún apoyo financiero para combatir la roya el daño aumentará, los más grandes han tenido mayor capacidad para prevenirla”, dijo.

Por otro lado, Molina defendió la posición adoptada por esa Cámara ante la Ley de Desarrollo Rural, que prioriza la atención estatal a los pequeños productores, y señaló que no están en contra de políticas públicas a favor del desarrollo rural; “la iniciativa a todas luces tenía un sinnúmero de inconstitucionalidades y provocaría un gran problema económico en Guatemala porque afectaría el sistema bancario; en el artículo 10 (Política Agraria) hay una ambigüedad y deja una incertidumbre sobre la propiedad privada, lo que causaría un colapso al sistema financiero”, anotó.

“Como Cámara sí apoyamos el desarrollo rural y somos grandes creyentes que el desarrollo rural debe darse a través de políticas públicas, pero la ley está sesgada por ideologías, lo cual no debe contener únicamente tecnicismos”, acotó.

APOYO A PEQUEÑOS
Helmer Velásquez, de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) considera que los grandes caficultores deben costear con sus utilidades el combate de la roya, “porque cuando el café ha tenido un buen precio, las ganancias no se distribuyen en el grueso de la población”, lo que se puede ver en el pago de malos salarios y sin prestaciones laborales a los trabajadores. “Son antisindicales y ponen a niños a trabajar; no es justo que ahora tengamos que cubrirles sus ‘deudas’ ”, agregó.

De acuerdo con Velásquez, los grandes empresarios siempre se han opuesto a los subsidios a pequeños campesinos y que incluso directivos de Anacafé se opusieron a la ley de Desarrollo Rural que tiene como sujeto priorizado la agricultura familiar campesina, perfil en el que encajan los pequeños caficultores.

“No me parece justo que ahora todos tenemos que acudir en apoyo a los grandes caficultores”, indicó Velásquez, quien considera que la voz de los pequeños caficultores no está siendo escuchada en las altas esferas de Anacafé.

“Si el Estado va a intervenir, debe hacerlo en función de los pequeños, no en función de los grandes, ya que en anteriores ocasiones son los grandes caficultores los más beneficiados con los subsidios estatales”, anotó.

Velásquez considera que históricamente cámaras como la del Agro, a la que pertenece Anacafé, han exigido la reducción del Estado; “lo que proponen es que el Estado se dedique a seguridad y justicia, piensan que el Estado debe estar lejos de todo subsidio y de servicios como salud y educación, pero cuando necesitan del Estado acuden a él”, señaló.

Las ganancias se privatizan, pero cuando hay pérdidas, como en este caso, se socializan y piden que con nuestros impuestos el Estado los defienda; es una actitud inconsecuente con el Estado raquítico y pequeño que ellos promueven y lo que ahora reivindican, reveló el director de Congcoop.

ESTADO DECLARA EMERGENCIA
Carlos Anzueto, viceministro de Agricultura, confirmó que tras la solicitud de Anacafé, se harán los trámites para ampliar el período de vigencia del fideicomiso del café y hacer algunas modificaciones en torno a los créditos que podrán ser solicitados por grandes y medianos caficultores.

El presidente Otto Pérez Molina y el ministro de Agricultura, Elmer López, presidentes del Consejo de Política Cafetera, declararon emergencia fitosanitaria el 8 de febrero para mitigar los efectos de la roya del cafeto, que incluye dos fases; la primera, que es de emergencia, incluye un programa de atención con un protocolo que implica prácticas culturales y control químico hacia el inóculo de la roya del café.

Se espera que todos los caficultores utilicen el programa de atención, unos 90 mil productores que cultivan en un área de unas 280 mil hectáreas. El MAGA subsidiará los insumos para el control de la roya de unos 60 mil pequeños productores que cultivan en un área de aproximadamente 83 mil hectáreas y también dará asistencia técnica a medianos y grandes para que utilicen el protocolo de atención, informó Anzueto.