El gobierno boliviano puso en marcha hoy una renta de vejez que afecta los ingresos de las regiones y en respuesta el poderoso departamento de Santa Cruz llamó unilateralmente a un referendo por autonomías, con lo cual el país parecía encaminarse nuevamente a una severa crisis política.
El presidente socialista Evo Morales inició en la central Cochabamba el pago del bono a los ancianos mayores de 60 años que se financia con el recorte del ingreso petrolero de las regiones, pese a que estaba en negociaciones con las regiones para buscar una fuentes de financiamiento distinta.
La actitud de Morales significa el tácito rompimiento de un diálogo intentado a comienzo de enero entre el gobierno y la oposición.
El jefe de Estado y los nueve prefectos -cinco de ellos férreos opositore iniciaron un diálogo el pasado 7 de enero para intentar desactivar la crisis política en torno a este Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la nueva Carta Magna y la autonomías, sin resultados favorables hasta el momento.
En su discurso de hoy, Morales no mencionó la posición de los líderes cívicos opositores de Santa Cruz, Pando, Tarija, Beni y Cochabamba, aunque señaló con firmeza que el proceso de cambio que encabeza es irreversible.
«Estoy convencido de que este cambio es imposible que pueda retroceder, seguro que algunas familias, algunas personas intenten y no quieran esta clase de cambios sociales y estructurales, pero es mejor juntarnos todos para trabajar», sentenció el mandatario.
Las autoridades de las regiones rebeldes reaccionaron y de manera coincidente acusaron al mandatario izquierdista de no respetar un acuerdo preliminar para buscar otras fuentes de financiación que evite el recorte de los ingresos a las regiones, que es pieza clave del enfrentamiento entre oficialistas y opositores.
«Estamos viendo como el gobierno tácitamente está rompiendo de manera unilateral el diálogo», señaló a una televisora local Carlos Dabdoud, secretario de Autonomías de la próspera Santa Cruz, cabeza visible de la oposición a Morales.
El funcionario ratificó lo señalado en una carta enviada al jefe de Estado ayer en la que los prefectos opositores le recordaban «que está en sus manos dar una salida democrática a esta situación de tensión y crisis que vive el país».
En una aparente respuesta a la decisión gubernamental, Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz, epicentro de la oposición al presidente indígena, convocó a un referendo autonómico que puede ser imitado por otras tres regiones rebeldes, y que de antemano había sido calificado de ilegal por el Gobierno.
«Inmediatamente que el Consejo Departamental nos diera la autorización para este referéndum, nosotros hicimos la convocatoria correspondiente para el 4 de mayo», anunció a la prensa el prefecto cruceño.
En julio de 2006, en cuatro de los nueve departamentos bolivianos ganó el Sí en un referendo de autonomías por el que luchan las regiones de Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni, aspiración que ahora también comparte Cochabamba.
«Creo que el gobierno está forzando a que los prefectos tomen esa decisión ya que la mesa de diálogo fue para resolver primero el tema del IDH» apuntó por su parte el ex presidente de la Cámara de Senadores, el conservador José Villavicencio, quien consideró «que la situación ahora está muy difícil».