Crisis petrolera obliga a repensar la producción y el consumo de energí­a


La crisis energética mundial podrí­a incidir, especialmente, en el aumento de los precios de los combustibles.

Cambio de horario en verano, replantear el subsidio a la tarifa social y una campaña de uso racional de la energí­a son acciones que podrí­a implementar el gobierno de ílvaro Colom.

Elmer Telon
etelon@lahora.com.gt

Los problemas sociales causados por el encarecimiento e inestabilidad del precio del petróleo en el mercado internacional, ha demandado del gobierno central y de quienes asumirán la administración del Estado el año entrante la generación de polí­ticas que afronten el fenómeno generado por los problemas que rodean el costo de los carburantes.

Edgar Barquí­n, responsable del área económica del gobierno que presidirá ílvaro Colom, sostiene que de acuerdo con la información del mercado internacional el precio del petróleo tenderá a descender en los primeros meses del año entrante, no obstante, sin importar el descenso en el precio el próximo gobierno impulsará programas a corto, mediano y largo plazo como medida de prevención.

Cambiar el horario laboral a los trabajadores del sector público, quienes superan los 200 mil, impulsar una campaña del uso racional de la energí­a y aplicar el cambio de horario a nivel nacional con el objetivo de disminuir la demanda de energí­a eléctrica en las horas picos, momento cuando ésta es más cara buscando así­ un mejor uso de los medios de transporte son elementos claves, apunta el economista.

La reducción al impuesto al búnker y diésel sigue siendo analizada dentro del marco que de ser aplicado no dañe el presupuesto de ingresos y egresos.

A largo plazo la inversión en energí­as limpias es la salida para reducir la dependencia del 65 por ciento que se tiene en energí­a eléctrica de los derivados del petróleo, en donde se evalúa la ley de inversión pública privada para la inversión de hidroeléctricas, en donde se incluye la interconexión con México.

Según el presidente de la república, í“scar Berger, hay una campaña en el tema energético que se compartirá con el gobierno entrante para que sean ellos quienes la lleven a cabo, la cual incluye alumbrados públicos que demandan menor energí­a, y los medios de transporte combinado, ya que según estudios el 80 por ciento de los automotores únicamente transportan a una persona.

Las nuevas polí­ticas buscarí­an un replanteamiento del subsidio otorgado a la tarifa social, la cual buscarí­a beneficiar a usuarios, ya que según Barquí­n en la actualidad se subsidia a sectores sin importar si los mismos hacen esfuerzos de ahorro, asegura.

Complementar los proyectos de ahorro que deje la actual administración y las propuestas que tiene la UNE serán discutidas en el proceso de transición al momento que se nombre al próximo ministro de Energí­a y Minas, el cual, según Barquí­n, quedará definido la semana entrante.

De acuerdo con la información del mercado internacional, el precio del petróleo tenderá a descender en los primeros meses del año entrante; no obstante, sin importar el descenso en el precio, el próximo gobierno impulsará programas a corto mediano y largo plazo como medida de prevención.

Edgar Barquí­n

Responsable del área económica de la UNE

Contrariedades

La Gremial de Energí­a e Hidrocarburos se ha manifestado en contra de ciertas polí­ticas que buscarí­an ofrecer alternativas a la crisis energética. Recientemente, se pronunció en contra de la iniciativa de la ley de alcohol carburante.

Esta ley podrí­a dar pie a una producción a gran escala de biocombustible. Sin embargo, esta gremial tiene sus razones para pedir la revisión de esta iniciativa.

«El perí­odo de 6 meses que establece para el inicio de la venta de gasolinas oxigenadas con alcohol carburante es extremadamente corto, dado los significativos cambios estructurales y operativos que conlleva la implementación del programa. Nuestra recomendación es que se amplí­e a 18 meses y que el programa se ejecute a nivel nacional en un plazo de 2 años a partir de la vigencia de la ley», manifiestan en una petición enviada al Congreso de la República.

Además, manifiestan que aún cuando se permite la importación de alcohol carburante, el arancel existente actualmente es del 40%, «lo que hace inviable su importación y constituye una barrera que promueve privilegios y distorsiones económicas. Recomendamos eliminar el arancel existente a manera de garantizar fuentes de suministro competitivas», agregan.